El Radar
Por Jesús Aguilar
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En San Luis Potosí, el tiempo transcurre y el delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), Ismael Carrillo Ávila, permanece en su cargo sin señales de remoción.
La señal parece inmutable, a la federación no le importa que sus delegados den pena, sean descubiertos en sus increíbles irregularidades y no pasa absolutamente nada.
Esta persistencia no deja de sembrar suspicacias, sobre todo considerando la importancia de su posición para garantizar condiciones justas en favor de las comunidades de comuneros, quienes enfrentan años de abusos por parte de los “barones del cemento” y otros comuneros que se han convertido en cómplices de sus triquiñuelas.
El RAN bajo presión.
En julio, la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal del Congreso local acordó citar a comparecer a los delegados federales, incluyendo a Carrillo Ávila, para una reunión de trabajo que se llevó a cabo el 14 de julio Astrolabio. No obstante, asuntos posteriores en la agenda no lograron avances concluyentes.
En julio de 2022, durante una reunión legislativa similar, el delegado abandonó abruptamente los trabajos tras reprochar que no era él quien debía comparecer ante el Congreso, sino más bien los legisladores quienes tendrían que acudir al RAN. Este episodio evidencia no solo la tensión existente, sino también un desdén institucional que es preocupante.
Astrolabio Diario Digital ha documentado repetidamente la situación del RAN en San Luis Potosí: deficiencias en atención, largas filas, filtraciones en fichas y demoras inexplicables que afectan a los campesinos en la obtención de sus títulos de propiedad Astrolabio. Es evidente que las condiciones siguen siendo injustas, mientras la permanencia de Carrillo Ávila se vuelve cada vez más cuestionable.
¿Qué impide su remoción?
Una mirada más profunda sugiere que la respuesta podría estar enredada en redes de poder político local. En particular, el diputado federal José Narro, de notable influencia en la entidad, a pesar de ser un Tamaulipeco avecindado en Zacatecas, aparece mencionado como parte esencial, directa o indirectamente, en la protección del delegado. Aunque no hay pruebas documentales claras de una alianza formal, resulta llamativo el silencio o la omisión de acción por parte de quienes tienen capacidad de intervenir temporalmente en la estructura del RAN.
Al evocar la pregunta: ¿Quién protege a Ismael?, surge la sospecha de una componenda política que trasciende lo institucional y toca los intereses locales. ¿Será posible que exista un acuerdo —tal vez tácito o solapado— entre Carrillo Ávila y políticos con poder real en la zona? Podría tratarse de un pacto secreto con autoridades locales, cuyo objetivo implícito sería mantener un status quo conveniente para ciertos intereses particulares.
Comuneros, autoridades y cemento: el triángulo disfuncional
Mientras tanto, los verdaderos perjudicados son los comuneros potosinos: sus territorios, su derecho, su futuro. En ausencia de un RAN diligente y responsable, el avance voraz del “bloque de barones del cemento” continúa, con abusos sistemáticos en contra de comunidades que dependen de la estabilidad jurídica para proteger su modo de vida.
Un llamado a la luz pública
La pregunta que deja esta columna es más que retórica. Es un llamado a las autoridades federales y locales, a los congresistas y a la sociedad civil: ¿hasta cuándo seguirá sin removerse a un delegado cuestionado, sin investigaciones claras sobre posibles lazos políticos y sin que se garantice justicia para las comunidades agrarias? Si el objetivo es restablecer la confianza en el campo potosino, la transparencia y la rendición de cuentas son pasos que no pueden esperar.
En conclusión, tras meses —quizá años— de inacción, la presencia de Ismael Carrillo Ávila al frente del RAN en San Luis Potosí no solo representa un problema administrativo, sino que invita a sospechar de alianzas ocultas. El silencio, en este contexto, termina siendo cómplice.
