Por Jesús Aguilar
La reforma político-electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa promete convertirse en uno de los debates más intensos del sexenio.
Aunque no será enviada al Congreso este año, la expectativa es que llegue en el primer periodo ordinario de 2026, con la mira puesta en que las elecciones de 2027 se celebren bajo nuevas reglas.
El reloj constitucional impone un límite estricto: las leyes electorales deben aprobarse y publicarse al menos 90 días antes de iniciar un proceso comicial. Eso deja una ventana de tiempo estrecha, y convierte cada decisión en un paso de alto riesgo.
El eco de una elección mal resuelta
El tema cobró nueva fuerza con el reciente fallo del INE que “regresó” el triunfo a 32 candidatos que no habían acreditado el promedio escolar exigido en la Constitución para competir. Fue el propio régimen el que impuso esas condiciones… y luego el mismo que decidió no respetarlas. El episodio exhibe los riesgos de un poder omnímodo que manipula las reglas a conveniencia y erosiona la confianza ciudadana.
La pregunta que muchos se hacen es si la historia se repetirá con la inminente reforma electoral.
Plurinominales y financiamiento: los puntos calientes
De los múltiples planteamientos, dos concentran el debate:
• La eliminación de diputados plurinominales.
• La reducción del financiamiento público a los partidos políticos.
En encuestas abiertas, ambas medidas gozan de simpatía social. La gente quiere menos legisladores y menos dinero para los partidos. Sin embargo, la política no es tan simple: Morena podría chocar con la resistencia del Partido Verde y el PT, que dependen de la representación proporcional y de las prerrogativas millonarias que reciben cada año.
El antecedente de 2024 demuestra que siempre hay ingeniería electoral disponible. Morena transfirió triunfos a sus aliados para mantenerlos vivos políticamente. ¿Podría hacerlo de nuevo bajo un esquema con menos plurinominales? La experiencia dice que sí.
Lo que está en juego
Más allá de las cifras y los acomodos partidistas, la discusión de fondo es otra:
• La representación proporcional, aunque imperfecta, garantiza pluralidad y evita hegemonías.
• El financiamiento público, aunque genera rechazo ciudadano, protege frente al dinero oscuro del crimen organizado.
Debilitar esas dos piezas del sistema sería abrir la puerta a la concentración del poder y al financiamiento ilegal de campañas.
La tentación hegemónica
La historia política de México —y del mundo— enseña que los partidos en el poder suelen legislar pensando que permanecerán en él indefinidamente. Pero los giros del electorado son implacables: lo que hoy parece eterno, mañana puede ser un recuerdo.
El riesgo no es que México se convierta en Cuba, Nicaragua o Venezuela, sino que se debiliten de manera irreversible los contrapesos institucionales. Y eso, en democracia, es siempre un paso hacia atrás.
Punto de inflexión
La reforma electoral de 2026 no será un trámite técnico: será un parteaguas. Lo que se decida entonces marcará no solo las reglas de la competencia, sino la calidad misma de la representación política en México.
La ciudadanía debería estar atenta. Porque si algo mostró el fallo del INE esta semana es que, cuando el poder cree que puede decidir todo, termina por no respetar ni sus propias reglas.
