El Radar
Por Jesús Aguilar
Recientemente fue hallado en Villa de Ramos, San Luis Potosí, el cuerpo de Aída Karina Juárez Jacobo. Originaria de Zacatecas, formaba parte del colectivo “Siguiendo tu Rastro con Amor” y se dedicaba a la búsqueda de su hija desaparecida, Goretty Guadalupe (de 26 años, desaparecida desde el 25 de junio de 2025).
Aunque inicialmente se informó que el cuerpo pertenecía a la buscadora, la Fiscalía de SLP aclaró que aún no hay identificación oficial ni colaboración formal con Zacatecas.
Una víctima más en el historial impune
Este brutal caso se suma a una lista cada vez más desgarradora: según Amnistía Internacional, al menos 30 familiares de desaparecidas han sido asesinados entre 2011 y mayo de 2025, incluyendo 16 mujeres (madres, hermanas, esposas o activistas). Otra fuente independiente, “A dónde van los desaparecidos”, documentó 28 asesinatos de buscadores hasta abril de 2025.
Una espiral de impunidad y vulnerabilidad institucional
Los relatos de los colectivos confirman que buscar desaparecidos en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo, sin garantías de protección estatal, pese a que el Estado es responsable de prevención e investigación. Incluso los espacios institucionales creados —como el Centro Estatal de Identificación Forense en SLP— funcionan con limitaciones, deficiencias operativas y falta de transparencia.
Las cifras: una realidad en ascenso
Un aumento sostenido y alarmante
Entre mayo de 2024 y mayo de 2025, San Luis Potosí registró 1,048 personas desaparecidas, un incremento del 9.3 % respecto al periodo anterior.
Otro corte hasta el 16 de mayo de 2025 reportó 1,204 personas desaparecidas, lo que implica un alza del 14 % anual. Esta tendencia continua creciendo la evidencia de que el fenómeno no es coyuntural, sino estructural.
Quiénes desaparecen: una población altamente vulnerable
• Hombres representan el 81–82 % de los casos.
• Entre las mujeres desaparecidas, el 23–24 % tienen entre 15 y 19 años, lo que muestra una alarmante incidencia en adolescentes.
• Casi la mitad de los desaparecidos son menores de edad; hasta el 16 de mayo de 2025, hubo 124 casos (60 niñas y 64 niños).
Un quiebre histórico: datos acumulados de años previos
Desde 2018 hasta marzo de 2025, SLP acumuló 1,818 casos de desapariciones o personas no localizadas. El año más crítico fue 2022, con un salto del 34 % en casos respecto a 2021 (pasando de 242 a 326 casos). En años siguientes, 2023 y 2024, se reportaron 307 y 318 casos, respectivamente
Dudas, datos ocultos y falla institucional
Colectivos, como Voz y Dignidad, denuncian que no existen “cifras reales de desapariciones” y que las estadísticas oficiales subestiman la dimensión del problema.
Además, el hallazgo de fosas clandestinas, como en Río Verde, refuerza la capacidad criminal de ocultamiento, mientras que el gobierno federal ha dejado de actualizar datos públicos sobre fosas, dejando un importante hueco informativo.
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Mirada crítica y exigencia ciudadana
1. El Estado como omiso y opaco
La problemática se agrava cuando las instituciones fallan: la falta de coordinación interestatal, comunicación deficiente con colectivos y ausencia de rendición de cuentas constituyen una respuesta institucional débil y frustrante.
2. Madres buscadoras: figuras vulnerables y golpeadas
El asesinato de Aída Karina no es un caso aislado; refleja cómo quienes ejercen la búsqueda por justicia se transforman en objetivos, enfrentando violencia sin protección. Esto demanda una estrategia urgente para proteger a familiares víctimas.
3. La peor cifra es la invisibilidad
Las cifras son frías, pero los rostros detrás son familias devastadas, adolescentes desaparecidas y un sistema que no responde. El aumento sostenido y la mirada deficiente hacia poblaciones vulnerables debilita el tejido social.
4. Transparencia y datos como herramientas de prevención y justicia
El ocultamiento de cifras, especialmente sobre fosas clandestinas y desapariciones, impide evaluar la magnitud real del problema y diseñar políticas públicas eficaces. La información no es neutra; es base de justicia.
5. Una exigencia colectiva: justicia, memoria y acción
Este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, no debe pasar como fecha simbólica. Se reclama verdad, justicia, reparación, y protección real para quienes buscan. Sin memoria activa y sin respuesta institucional, el silencio es cómplice.
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San Luis Potosí no sólo vive una crisis creciente de desapariciones; también enfrenta una falla grave en rendición de cuentas e institucionalidad. El asesinato de Aída Karina ejemplifica cómo la violencia atraviesa la acción social máshumana y desesperada: buscar a un hijo, a una hija.
Si la información no se comparte y si las víctimas no tienen visibilidad ni protección, el tejido social se agrava. Este caso debería ser un llamado para fortalecer mecanismos reales de vigilancia ciudadana, transparencia institucional y protección efectiva.
