Por Mario Candia
5/09/25
LABORATORIOS En la república de la 4T, Puebla y Campeche se han convertido en dos laboratorios donde Morena prueba su química política: una mezcla tóxica de leyes que buscan callar bocas y expropiar patrimonios. La lógica es la misma, aunque las herramientas difieran. En Puebla el bisturí apunta a la libertad de expresión; en Campeche, al derecho de propiedad. Dos estados distintos, un mismo experimento: ver hasta dónde aguanta la sociedad antes de rebelarse.
PUEBLA En Puebla, el Congreso local aprobó la llamada Ley de Ciberseguridad, que tipifica como delito los insultos y ofensas en redes sociales, castigando con hasta tres años de cárcel y multas de casi 40 mil pesos. El problema no es solo la dureza de las sanciones, sino la ambigüedad de la norma: ¿qué constituye un insulto?, ¿quién decide si una crítica mordaz es un agravio? Ese resquicio, esa vaguedad calculada, permite que cualquier tuit incómodo contra el gobernador o un funcionario pueda convertirse en delito. Y aunque la ley ya encendió las alarmas de organizaciones de periodistas y defensores digitales, Morena avanzó sin freno, como quien aprieta un botón de censura con toda la naturalidad del mundo.
CAMPECHE Campeche, por su parte, acaba de dar un paso todavía más inquietante: el Congreso local aprobó en fast track una reforma a la Ley de Expropiaciones que faculta al gobierno a declarar bienes privados como de “utilidad pública” y arrebatarlos sin mayores garantías. Los plazos para defenderse se redujeron a cinco días hábiles; la autoridad valuadora es la propia Secretaría de Finanzas —juez y parte—; y si el ciudadano no cobra la indemnización en tres años, el dinero regresa al Estado. Ni siquiera existe la obligación de revisar que el destino de la propiedad expropiada se cumpla. Es, en los hechos, un cheque en blanco para despojar con respaldo legal. Lo que el gobernador de Puebla intentó hacer por la fuerza en su momento, en Campeche ahora ya se maquilla con leyes a modo.
IMPULSO AUTORITARIO La comparación es inevitable: Puebla silencia y Campeche expropia, pero ambos obedecen al mismo impulso autoritario. En un estado, se criminaliza la palabra incómoda; en el otro, se facilita la rapiña institucionalizada. La democracia se erosiona tanto cuando se encarcela al periodista como cuando se despoja al ciudadano de su casa o su tierra. La violencia no siempre requiere tanquetas ni soldados: basta con leyes ambiguas, congresos sumisos y gobernadores dispuestos a probar los límites de la obediencia social.
ENSAYOS Lo que vemos en estos dos estados no son experimentos aislados, sino el ensayo de un modelo que puede replicarse a escala nacional. La pregunta es cuánto tiempo falta para que la censura disfrazada de “ciberseguridad” y la rapiña maquillada de “utilidad pública” se conviertan en moneda corriente en otros congresos estatales. Puebla y Campeche son apenas los primeros tubos de ensayo de un autoritarismo que se disfraza de legalidad. Y como todo laboratorio, lo que ahí se prueba, tarde o temprano, se exporta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a normalizar leyes que, en nombre del pueblo, van vaciando de contenido los derechos del mismo pueblo?
Hasta mañana.
