El Radar
Jesús Aguilar
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Hace ya ocho largos años que se aprobó en México la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esa norma federal, con todas sus ambiciones, dejó muy claro uno de sus mandatos esenciales: cada entidad federativa debe contar con una Fiscalía Especializada para investigar desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares, con personal con especialización, recursos materiales, técnicos y humanos suficientes; se establecieron plazos, obligaciones, protocolos, coordinación interinstitucional, compromiso con las víctimas. Pero para muchas familias potosinas, esa ley sigue siendo letra muerta.
Un mandato ignorado
El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, que agrupa a madres y buscadoras, ha presentado un amparo indirecto contra el Congreso del Estado de San Luis Potosí. ¿La razón? La omisión legislativa para crear la Fiscalía Especializada en Desapariciones, incumpliendo lo estipulado por la ley federal.
No se trata de una negligencia menor: es una violación sistemática de derechos, una omisión criminal, como lo han denunciado, que multiplica el dolor, la incertidumbre y la impunidad para quienes viven la desaparición de un familiar.
San Luis Potosí entre los pocos rezagados
Según reportes recientes, San Luis Potosí figura entre los seis estados del país que aún no cuentan con la fiscalía especializada para desapariciones.
¿De qué sirve tener leyes si quienes deben aplicarlas se quedan enfrascados en compromisos, discursos, simulaciones?
La simulación, el desdén y las promesas incumplidas
Algunas de las peores formas de la violencia institucional son las promesas rotas. En San Luis Potosí:
• Se han hecho compromisos públicos: diputadas y diputados prometieron impulsar la creación de la fiscalía, en actos donde familias buscadoras entregaron “corazones de papel” como símbolo del dolor, donde se pidió sensibilidad, acción concreta.
• Sin embargo, hasta ahora no hay acción: no se ha celebrado la ley local correspondiente, no se han asignado recursos concretos, ni se ha instalado la estructura del ministerio público, ni la unidad forense ni la de apoyo psicosocial especializada, como exige la ley general.
• El estado argumenta falta de recursos; la fiscal general, Manuela García Cázares, ha dicho que sin financiamiento no es posible. Pero la ley no condiciona esta obligación: es mandatorio, no optativo.
• Además, se denuncia simulación: se convocan diálogos desde la Subsecretaría de Gobierno, se entregan documentos, se hacen reuniones, pero no existe avance tangible. Mientras tanto, la fecha límite fijada por una reforma federal reciente —que obligaba a los congresos estatales a armonizar su legislación y crear fiscalías especializadas antes del 15 de septiembre de 2025—ya está cerca, y San Luis Potosí parece dormido en su responsabilidad.
Consecuencias reales: más dolor y más impunidad
Cuando no hay una fiscalía especializada, los costos para las víctimas no se limitan al discurso. Las consecuencias son:
• Investigaciones dispersas, sin protocolo uniforme, muchas veces carentes de profesionalización, lo que genera retrasos, investigaciones mal hechas o estancadas.
• Falta de atención integral: seguimiento psicológico, acompañamiento legal, asistencia forense, apoyo psicosocial, reparación del daño — todo esto queda a discreción, depende de la voluntad, si acaso algún programa local lo cubre.
• Miedo institucionalizado: las familias buscan, presionan, esperan; el silencio, la indiferencia, el olvido representan también una forma de violencia.
• Perpetuación de la impunidad: cuando el Estado no actúa, los criminales tienen la ventaja; y cuando no hay quién investigue con especialización, muchos casos se pierden entre la burocracia.
¿Qué debería hacerse ya?
San Luis Potosí no puede permitirse más demoras. Algunas medidas urgentes:
1. Legislar ya la norma estatal correspondiente: armonizar la ley local y crear la fiscalía especializada, con todos los requisitos legales establecidos por la ley federal.
2. Asignar presupuesto suficiente y específico: sin recursos no hay fiscalía real; no valen excusas de “falta de dinero” si ya está la obligación legal.
3. Transparencia y participación de las víctimas: las madres buscadoras, los familiares deben ser escuchados, incluidos, tener seguimiento claro.
4. Instalación de unidades técnicas y especializadas: periciales, forenses, ministerio público especializado, psicólogos, trabajo social, análisis de contexto.
5. Supervisión externa: mecanismos de rendición de cuentas para comprobar que la fiscalía no sea otro cuerpo burocrático que meta papeles, sino actúe con seriedad.
Desde 2017, México decidió que las desapariciones no serían un hueco legal, que habría reglas claras, que habría instituciones especializadas. Pero el cumplimiento de esa ley no se da por decreto público, por buenas intensiones, por discursos bonitos; se da cuando se legisla, cuando se organiza, cuando se entregan los recursos, cuando se atiende a las víctimas como sujetos de derecho y no como tema de ocasión.
San Luis Potosí tiene, hoy, una deuda moral con sus habitantes. Tiene una obligación legal. Tiene frente a sí vidas que no pueden esperar más. Que los discursos acaben, que la fiscalía llegue, que las madres buscadoras sientan que no están gritando al vacío, sino que el Estado responde.
Porque las desapariciones no admiten excusas. Y vivos, los queremos.
