San Luis Potosí se colocó como el séptimo estado más violento para personas extranjeras en México durante 2024, con 38 víctimas de delito, lo que representa un incremento del 72% respecto al año anterior, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).
Los delitos más frecuentes fueron secuestro y privación ilegal de la libertad, con 11 casos (29% del total). Le siguieron extorsión (9 casos, 24%), robo con violencia (7 casos, 18%), trata de personas (5 casos, 13%) y violencia sexual (3 casos, 8%). Otros delitos como fraude, lesiones y amenazas sumaron el 8% restante.
Las víctimas, en su mayoría originarias de Honduras, El Salvador y Venezuela, fueron agredidas en zonas rurales, albergues improvisados, espacios laborales informales y contextos de tránsito migratorio, donde prevalece la precariedad y la impunidad.
El repunte coincide con el papel creciente de San Luis Potosí como corredor migratorio alternativo, ante el reforzamiento de los controles en estados fronterizos como Tamaulipas y Coahuila. Sin embargo, esta reconfiguración no ha sido acompañada por una estrategia institucional de protección: de las 38 víctimas registradas, solo 16 recibieron atención por parte del INM, y ninguna fue canalizada a refugios especializados o mecanismos de asistencia integral.
A nivel nacional, los estados con más víctimas extranjeras fueron Chiapas (112), Ciudad de México (89), Baja California (76), Tabasco (54), Oaxaca (41) y Nuevo León (39). Aunque San Luis Potosí no encabeza la lista, su tasa de crecimiento es una de las más aceleradas del país: en 2021 apenas se documentaron 9 casos, lo que implica un aumento de más del 300% en tres años.
El informe del INM revela además vacíos significativos, ya que no detalla el tipo de atención brindada, ni la coordinación con fiscalías locales, organismos de derechos humanos o servicios de salud, lo que evidencia una omisión sistemática en la protección de migrantes.
