El Radar
Por Jesús Aguilar
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Muchos estamos hasta la coronilla del desgastadísimo ritual de invocación a la “herencia maldita”, el antislogan que se convirtió en mantra del Gallardismo en el poder. Sin embargo para ser honestos, sí hay muchos temas no resueltos que dejan un compás de espera y que además son una gran oportunidad política para el el Gobernador en vísperas de su cuarto informe de gobierno.
En San Luis Potosí, el debate político suele girar en torno a estilos de gobierno y formas de ejercer el poder. Sin embargo, hay una verdad que no admite matices: las decisiones —y omisiones— de una administración pesan inevitablemente sobre la siguiente. La gestión de Juan Manuel Carreras dejó tras de sí un cúmulo de pasivos financieros, sociales y morales que hoy condicionan el desempeño del actual gobierno. El contraste no está solo en la personalidad de ambos mandatarios, sino en el costo real que esa “herencia maldita” tiene para la población potosina.
El abismo de las pensiones
Uno de los problemas más graves que recibió Gallardo fue el de la Dirección de Pensiones del Estado. La deuda acumulada ronda los 4,808 millones de pesos, según reportes de Ciudadanos Observando. No se trata de un pendiente menor: es la estabilidad de miles de trabajadores y jubilados que queda en entredicho. A esto se suma el escándalo del llamado “fraude del siglo”, con un desvío de entre 200 y 700 millones de pesos detectado en 2024.¿Se ha realmente avanzado en el resarcimiento del daño o fue un braguetazo de la Fiscalía?
Durante los gobiernos de Toranzo y Carreras, el sistema se volvió un barril sin fondo: inversiones opacas, deudas impagables y fondos sectoriales —como el de telesecundarias— que fueron saqueados o, en el mejor de los casos, administrados con una irresponsabilidad criminal. El caso de Oziel Yudiche Lara, director de Pensiones, simboliza ese ciclo de promesas incumplidas y complicidades políticas: fondos que debieron garantizar la jubilación de maestros quedaron convertidos en arena entre los dedos. En 2014 el semanario Proceso indicó: “Las investigaciones de autoridades estadunidenses sobre dos presuntos operadores financieros del Cártel de Sinaloa revelan la creciente complejidad de las redes internacionales de lavado de dinero que utiliza la banda del Chapo Guzmán. Al ocultar millones de dólares tras una maraña de fraudes a inversores y transferencias bancarias, los sospechosos se asociaron en una de sus empresas fachadas con el director de Pensiones de San Luis Potosí, Oziel Yudiche Lara, quien les entregó los fondos de los trabajadores del estado, de los maestros y del Fondo Contingente.”
El contraste es brutal. Mientras Gallardo ha buscado legitimar su administración con programas sociales de alta visibilidad e infraestructura, sus dos pilares, la bomba de tiempo de las pensiones amenaza con estallar a medio sexenio, minando su margen de maniobra financiera y política.
El manejo de una olla exprés a punto de estallar es más que un silbato letal. Y deberían estar tras las rejas sus responsables del Carrerato y probablemente los de ahora.
La deuda con los maestros de telesecundarias
A la par, el sistema de telesecundarias arrastra pasivos superiores a los 250 millones de pesos, con denuncias de adeudos históricos que se remontan a la administración de Carreras. En 2019, la Secretaría de Finanzas debía 800 millones de pesos a Pensiones y la Secretaría de Educación otros 200 millones. Los maestros jubilados han vivido en carne propia lo que significa la palabra “herencia”: retrasos, marchas, reclamos, humillaciones.
Hoy, Gallardo ha capitalizado políticamente los pagos emergentes, presentándolos como un acto de justicia social. Pero no debe olvidarse que los orígenes del adeudo están en la ineficiencia y corrupción del gobierno anterior. En política, cobrar la factura no siempre significa resolver el problema de raíz.
El espejismo del progreso: RedMetro
Otro ejemplo del desaseo heredado es el RedMetro, inaugurado por Carreras en su último día de gobierno como si fuese un logro histórico, cuando en realidad era un cascarón. La obra no contaba con unidades suficientes ni infraestructura completa; fue presentada como un proyecto de movilidad de vanguardia, pero en los hechos se convirtió en un monumento al autoengaño gubernamental.
Gallardo recibió un sistema inoperante y cargado de irregularidades en la entrega-recepción. El costo de rehabilitarlo o sustituirlo recae en las finanzas estatales, pero la responsabilidad política está en la administración que lo vendió como realidad sin serlo.
Ninguna de las “capturas” en este tema se asumen socialmente como un tema de justicia, y también han fallado los comunicadores oficiales que no han sabido remarcar estos temas, la narrativa facilona termina por evaporarse, los hechos siempre hablan más que las palabras.
El Realito: agua que se escapa
La crisis hídrica de la capital potosina y Soledad tiene un nombre: El Realito. La presa y acueducto, presentados como solución estratégica, se convirtieron en símbolo de la ineptitud. Las constantes fisuras y fallas del ducto han provocado que más agua se fugue de la que llega a los hogares. El costo de reparación, calculado en más de 60 millones de pesos, se suma a los pagos que el estado sigue realizando a la empresa concesionaria, incluso en periodos donde el servicio no se entrega.
El Realito es herencia de 3 sexenios previos, pero también de una clase política que privilegió la obra rápida y espectacular sobre la planeación técnica y la sostenibilidad. Gallardo ha usado el tema para golpear a su antecesor y a su principal contrapeso actual, el alcalde Galindo, pero hasta ahora no ha mostrado una solución estructural: la ciudad sigue sufriendo cortes prolongados, en ocasiones de más de 40 días, con colonias enteras que viven entre pipas y promesas.
El propio Gobernador en un evento de la BMW en su momento pidió directamente al ex presidente López Obrador su intervención en el caso, le dieron el avión y nunca más (que se sepa) se ha retomado el tema. Si en algún momento el propio Gallardo pidió cárcel para los responsables del tema, traer el asunto a la agenda y resolverlo es una prioridad que debe reconsiderarse, la ciudadanía lo agradecería mucho más que una despensa.
El contraste político
El contraste entre Carreras y Gallardo es tan evidente como incómodo. Carreras apostó por un gobierno de bajo perfil, tecnócrata en las formas, pero profundamente opaco en los resultados. Gallardo, en cambio, ha optado por lo espectacular y la aparatosidad musculosa, los programas sociales masivos y la narrativa de “corregir las herencias malditas”.
El problema es que la retórica tiene fecha de caducidad. Los pasivos heredados son tan grandes que no se resuelven con comunicados ni con actos de campaña permanente. Cada peso destinado a tapar hoyos financieros es un peso menos para proyectos nuevos. Y cada obra fallida, como El Realito o el RedMetro, es un recordatorio de que San Luis Potosí no puede seguir hipotecando su futuro en proyectos improvisados.
San Luis Potosí no necesita tampoco solo culpar al pasado. Necesita líderes capaces de asumir el costo de la verdad: que la deuda de pensiones no se resolverá sin medidas duras y transparentes; que los maestros de telesecundarias merecen justicia real, no paliativos propagandísticos; que obras como El Realito o RedMetro deben revisarse con lupa, deslindar responsabilidades y sancionar a quienes lucraron con el dinero público.
Que se ha echado mucha más carne al asador de la que se podría fondear sin antes resolver estos problemas y que el manejo del reloj político electoral, debe meterse un buen rato al congelador.
Carreras dejó una herencia incómoda y dolorosa, pero Gallardo tiene en sus manos la oportunidad de romper el ciclo. Si solo usa esa herencia como pretexto para excusar fallas propias, el futuro le cobrará la factura con la misma dureza.
Porque la historia política potosina es implacable: los pecados del pasado siempre alcanzan a los gobernadores del presente y evidentemente hacen inviable cualquier futuro.
