LA VERDAD Y EL CAMINO
POR: AQUILES GALAN.
¿Es un acto de verdadera rendición de cuentas o un ritual político lleno de discursos, cifras maquilladas y aplausos?
La “rendición de cuentas” es una herramienta base para la vida democrática de nuestro país, podemos definirlo como el deber de las instituciones o servidores públicos de informar, justificar y explicar, ante la autoridad y la ciudadanía, sus decisiones, funciones y el uso de los fondos asignados, así como los resultados obtenidos. Es un ejercicio donde no solo se justifican las decisiones, si no donde se construyen los lazos que fortalecen a la ciudadanía y el gobierno, una relación de “responsabilidad y transparencia”.
Pero… ¿Como podemos verla aplicada en la realidad? Bueno una de las formas más comunes, pero de las mas importantes son los informes de gobierno.
A nivel nacional, lo podemos encontrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• El artículo 69 de la Constitución, lo define como: En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.
Y en el ámbito estatal lo podemos encontrar en la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. Dividido en dos artículos:
• Artículo 80, fracción V: obliga al Gobernador a presentar cada año un informe escrito sobre el estado que guarda la administración pública ante el Congreso, durante la segunda quincena de septiembre (salvo en su último año, que lo hace en la primera quincena de agosto).
• Artículo 57, fracción XXIV: establece la atribución del Congreso de recibir dicho informe escrito del Gobernador en las mismas fechas, y prevé su posible comparecencia para responder observaciones.
Pero ¿En realidad hay transparencia y rendición de cuentas? Es una realidad que en la práctica los informes suelen evadir la autocrítica. Se presentan logros aislados, cifras que flotan sin contexto y promesas que se reciclan año tras año. ¿Dónde están las evaluaciones independientes que confirmen lo dicho?
El Congreso, que debería fungir como contrapeso, muchas veces se limita a escuchar, aplaudir y cerrar filas, en lugar de ejercer su papel de cuestionar con rigor. El resultado es un acto solemne que parece más teatro político que ejercicio democrático.
Un verdadero informe de gobierno debería ser un documento ciudadano, no gubernamental. Lenguaje claro, metas medibles, comparaciones con años previos y, sobre todo, mecanismos de seguimiento que permitan saber si las promesas se convierten en hechos. No basta con decir “se avanzó”: hay que demostrar cuánto, cómo y con qué resultados palpables se impactó en la vida de la gente. La comparecencia del Gobernador ante el Congreso tendría que ser un espacio de debate real, donde la crítica seria no sea vista como ataque, sino como oportunidad de mejorar las políticas públicas. Un espacio donde la oposición, la academia, la prensa y la sociedad civil puedan preguntar, contrastar y exigir explicaciones.
Mientras eso no suceda, el informe de gobierno seguirá siendo un ritual vacío: discursos bien producidos, aplausos ensayados y datos que pocos leen o entienden. La rendición de cuentas no se mide por la extensión de un documento, sino por la capacidad de abrir la política a la ciudadanía.
Pero siempre habrá oportunidades para hacer lo correcto, transformar el informe de gobierno en un verdadero contrato social revisable cada año. Que incluya indicadores comparables, auditorías independientes y compromisos claros con plazos definidos. Que sea accesible en lenguaje y en formato, para que no necesites ser experto en derecho o economía para entenderlo.
Y, sobre todo, que abra un espacio de diálogo: ciudadanos preguntando, gobierno respondiendo y Congreso supervisando. Solo así el informe dejará de ser un escaparate político para convertirse en lo que debería ser desde el inicio: un espejo donde los potosinos podamos ver reflejada nuestra realidad y al mismo tiempo, el compromiso de cambiarla.
Bonito día.
