En la semana anterior el 23 de septiembre, se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico deMujeres Niñas y Niños, es necesario señalar que, en distintas partes del mundo, sus víctimas quedan invisibilizadas detrás de la porción que cada Estado reconoce desde su política criminal y aborda como parte del fenómeno a su conveniencia.
En México por ejemplo la Ley General de Trata, instrumento con el cual se persiguen diversas formas de explotación, considera una de tipo sexual, sancionando a través de la vinculación de su artículo 10, en donde se mencionan actividades de recepción y movilidad, es decir el tráfico, y las conductas previstas de los artículos 13 al 20 que constituyen las herramientas de acusación jurídica con la que se investiga cuya posibilidad de sanción conlleva a penas de prisión de 5 a 30 años de prisión.
Las conductas que se consideran parte de estos delitos van dirigidas a quien se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones sexuales o el turismo sexual, mediante el engaño, la violencia física o moral, el abuso y aprovechamiento de una situación vulnerable o las amenazas. También se busca castigar a quien someta a otras personas para que realicen actos pornográficos o “servicios sexuales” así como a quienes distribuyan material impreso o videograbado.
Sin embargo, de 2015 a 2025 la incidencia delictiva nacional ha contado solamente 338 víctimas mujeres de tráfico de menores y de 5494 mujeres víctimas de trata a nivel nacional, una cifra ínfima en una década. Igualmente se desconoce el número de indagatorias que culminan con una sentencia condenatoria en el país.
Parte de las dificultades devienen de las figuras jurídicas, en tanto el uso de la fuerza, el engaño, la violencia, las adicciones, es decir, la posición de supra subordinación que se genera, sólo se reconoce entre los proxenetas y sus víctimas en el contexto de lo que se denomina allí como “prostitución ajena” pero no así entre las niñas y mujeres en condición de prostitución y quienes pagan por ello.
Al respecto, el movimiento feminista internacional sostiene que la ineficacia se debe en buena parte a la propia misoginia de los gobiernos que legitiman la explotación sexual de las mujeres haciendo esfuerzos discursivos y modificaciones regulacionistas a fin de participar como beneficiarios de la prostitución. Es el caso de Colombia con una oficina en su Ministerio de Igualdad de “actividades sexuales pagas” y la propia Organización de Estados Americanos con una Comisión destinada a promover la violación pagada que se significa esta forma de abuso como un “trabajo”.
Considerar que la regulación es viable particularmente en México y Latinoamérica es negar que el fenómeno de la trata, la explotación, la pornografía y la prostitución es uno sólo, apenas separado por una ilegalidad simbólica que no se ve reflejada en la aplicación de penas o al menos que no se hace cargo de todos sus responsables. Esta indiferencia o franca complicidad con el problema asume desde la propia argumentación que sus defensores dicen a cada tanto, que el cuerpo de mujeres y niñas es “un lugar de trabajo”, es decir que la violencia sexual que producen los hombres de toda clase, amerita que la mitad de la población se vuelva un medio y no un fin en sí mismo, un precio dable en el intercambio de perversiones y dinero.
Existen y están vigentes otras normas es el caso de la legislación depaíses como Noruega, Irlanda, Francia e Islandia quienes siguiendo el ejemplo de Suecia reformaron a fin de castigar penalmente a los compradores de la prostitución, causantes principales, asegurar derechos a las víctimas a fin de recibir atención integral y alternativas reales de vida, rehabilitar a la sociedad mediante la adecuada sensibilización y la prohibición de la publicidad proxeneta además de capacitar a los operadores del sistema penal para abordar estas conductas.
Afirmar que este país es “el país de las mujeres” sólo tendría sentido si en lugar de perpetuar cualquier forma de sometimiento, México construyera un modelo de ley abolicionista del sistema prostitucional, reconociendo los derechos humanos para todas las mujeres. Hasta entonces esto sigue siento territorio de feminicidas.
Claudia Espinosa Almaguer
