El Radar
Por Jesús Aguilar
Es octube, y el clásico de otoño se acerca y en política, como en el béisbol, hay jugadas que definen la temporada. Y en San Luis Potosí, el gobierno estatal está frente a una de esas oportunidades que se presentan muy pocas veces: la posibilidad de batear un “home run” político con bases llenas y desactivar la amenaza más seria que se cierne sobre su estabilidad en este cierre de año —un estallido social universitario por el adeudo con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
La cita de emergencia pactada para este lunes en Palacio de Gobierno, entre el Rector Alejandro Zermeño y los secretarios Guadalupe Torres y Ariana García Vidal, podría marcar un punto de inflexión. No solo por el eventual pago o transferencia de los más de 500 millones de pesos que el Estado debe a la institución —según el Anexo de Ejecución 2025 firmado con la SEP—, sino porque detrás de ese acto administrativo se juega algo más profundo: la relación del gobierno con uno de los pilares históricos del equilibrio político potosino, la Universidad.
Durante semanas, la tensión ha ido en aumento. Zermeño alertó con serenidad quirúrgica sobre una “crisis financiera inminente” que amenazaba con paralizar la universidad el 15 de noviembre. Los estudiantes, por su parte, comenzaron a organizarse, a debatir y a levantar la voz ante lo que interpretan como un agravio no solo presupuestal, sino simbólico. Y en los pasillos del Edificio Central ya se olía el preludio de una movilización masiva.
Esa posibilidad —una universidad parada, miles de alumnos en las calles y un conflicto académico con repercusiones nacionales— representaba, hasta hace unas horas, la tormenta perfecta para un gobierno que se presume fuerte, pero que no puede darse el lujo de un conflicto prolongado con la comunidad universitaria. En esa ecuación, el pago del adeudo no es solo una cuestión contable: es un gesto de reconciliación política y una oportunidad de oro para demostrar sensibilidad, capacidad de respuesta y sentido de Estado.
Si el depósito se confirma, el gobernador Ricardo Gallardo no solo estará honrando un compromiso financiero, sino desactivando la chispa que podría haber encendido el polvorín social más impredecible de su administración. Y de paso, puede capitalizarlo con inteligencia: proyectarse como un líder capaz de recomponer puentes, de escuchar y de cumplir.
Porque en momentos como éste, los símbolos pesan tanto como los números. Y pagarle a la UASLP no es simplemente saldar una cuenta: es reconocer el valor de una institución que ha sido faro intelectual, semillero de conciencia crítica y pilar de identidad potosina por más de un siglo.
Si el gobierno entiende la dimensión política del gesto, puede convertir una crisis en victoria. Si, por el contrario, vuelve a predominar la soberbia, la falta de comunicación interna o el cálculo corto, el riesgo de una explosión universitaria —en un estado históricamente sensible a las causas sociales— podría poner a prueba su narrativa de gobernabilidad.
Hoy, todo depende de si el bat gubernamental logra conectar. La pelota ya está lanzada: una transferencia millonaria a tiempo podría ser ese “home run” que cambie el rumbo del juego.
