El Radar
Por Jesús Aguilar
San Luis Potosí vivirá en 2026 un año decisivo en materia presupuestal. El proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación contempla un incremento superior a 3 mil millones de pesos para el estado, una cifra que marca un punto de inflexión después de cuatro años de convivencia entre el gobierno potosino de Ricardo Gallardo Cardona y el federal —primero con Andrés Manuel López Obrador, y ahora con Claudia Sheinbaum. Con López Obrador casi no hubo apoyo, parece que la influencia verde ahora tiene mejores réditos.
El anuncio, hecho por el diputado federal potosino Juan Carlos Valladares Eichelmann, no es menor: significa una mejoría sustancial frente a ejercicios anteriores y abre una ventana de oportunidad para fortalecer áreas como educación, salud e infraestructura, de acuerdo con lo expuesto en el Congreso. Pero el verdadero desafío no está en el tamaño del cheque, sino en la capacidad del gobierno estatal para transformarlo en resultados palpables. Y el primer resultado es preparar una entrega que sea congruente con su popularidad y aceptación, ayer apenas se le volvió a colocar según la encuesta de Mitofsky como el segundo gobernador con mejor aceptación del país.
Tres años de “coordinación” con resultados limitados
Desde su llegada al poder, Gallardo ha presumido una relación cercana con la federación. Sin embargo, los beneficios de esa “coordinación” han sido más retóricos que tangibles: carreteras inconclusas, hospitales con carencias y municipios rezagados muestran que la bonanza política no siempre se traduce en eficiencia pública.
Ahora, con un incremento que podría marcar el ritmo de su segundo tramo de gobierno, la administración estatal enfrenta su prueba de fuego: demostrar que sabe planear, ejecutar y rendir cuentas.
Los riesgos detrás del aumento
El presupuesto 2026 no sólo implica más recursos, sino mayores responsabilidades. Si el gasto no se acompaña de planeación técnica, el dinero puede esfumarse entre burocracia, contratos opacos y prioridades políticas.
1. Capacidad de ejecución. San Luis Potosí necesita proyectos listos para arrancar, no improvisaciones de último minuto. La planeación debe ser profesional, con estudios técnicos y calendarios de avance. Lo que recomiendan los expertos es no seguir anunciando cosas nuevas, sino endeudarse poco y pagar lo que ya empezó.
2. Transparencia. El aumento de recursos obliga a elevar los estándares de fiscalización. En un contexto de creciente desconfianza, la opacidad puede costar más que un desvío.Y la lupa federal al brindar un mayor apoyo evidentemente será más aguda.
3. Equidad territorial. Las zonas media y huasteca siguen esperando infraestructura básica. Si la mayor parte del gasto se concentra en la capital o en municipios afines al poder político, el presupuesto perderá sentido de justicia social. Ya apostaron a los distritos más poblados en el padrón, ahora hay que terminar de equilibrar el estado.
4. Dependencia política. San Luis Potosí no puede seguir viviendo del favor del centro. Este incremento debe servir para fortalecer la recaudación local y las capacidades técnicas del estado, no para reforzar su subordinación a la federación. No sería nada malo que reconsideraran volver a cobrar placas y licencias, después de que la mayoría de la gente ya tuvo un beneficio tangible histórico al iniciar el gobierno actual.
5. Año electoral. 2026 será año adelantado de contienda y el riesgo es evidente: que las obras públicas se utilicen como propaganda anticipada. Si el dinero público se convierte en herramienta de campaña, el golpe a la credibilidad será severo. Muchos frentes se están abriendo.
Lo que puede venir
Hay tres escenarios posibles.
El optimista: el gobierno usa el incremento con disciplina, prioriza salud, educación y obra pública con alto impacto, y logra resultados tangibles en municipios marginados.
El intermedio: se gastan los recursos, pero sin visión ni continuidad; las obras avanzan, aunque sin transformar realidades.
Y el pesimista: el dinero se diluye entre contratos, eventos y propaganda, dejando sólo cifras alegres y obras inconclusas.
Una oportunidad que no debe desperdiciarse
El incremento presupuestal para 2026 puede ser la gran oportunidad de Gallardo para demostrar que su administración es más que espectáculo político. Pero también puede convertirse en el espejo que revele los límites de su proyecto: un gobierno hábil para comunicar, pero sin profundidad en resultados.
San Luis Potosí necesita más que dinero. Requiere visión, planeación y justicia territorial. Cada peso adicional debe traducirse en bienestar y no en clientelismo. Porque si algo enseña la historia reciente es que los aumentos de presupuesto no garantizan desarrollo; lo garantizan la honestidad, la técnica y la voluntad de rendir cuentas.
2026 pondrá a prueba si San Luis Potosí ha aprendido a administrar la abundancia con la misma urgencia con que padeció la escasez.
