El Radar
Por Jesús Aguilar
La Dirección de Protección Civil Municipal de San Luis Potosí, una oficina que debería ser sinónimo de confianza y seguridad para la ciudadanía, se ha convertido en el epicentro de un nuevo escándalo de corrupción que desnuda viejas prácticas del poder local: extorsión, tráfico de permisos y una cadena de complicidades que por años convirtió la prevención de riesgos en un negocio redondo.
El caso estalló hace unas semanas, cuando el Ayuntamiento capitalino confirmó el cese del titular de la dependencia, Adrián Cortázar Ruiz, junto con seis funcionarios más, tras detectarse presuntos actos de corrupción vinculados a la expedición irregular de licencias y dictámenes de seguridad. Las investigaciones internas de la Contraloría Municipal —respaldadas por el propio alcalde Enrique Galindo Ceballos— revelaron la existencia de más de mil 400 trámites “atorados” que, en algunos casos, se liberaban solo mediante pagos extraoficiales o favores personales.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio Villa Gutiérrez, fue quien dio la cara públicamente para anunciar la destitución de los implicados y adelantó que el caso ya se turnó a la Fiscalía General del Estado para la integración de denuncias penales. Lo que se investiga, según fuentes oficiales, es una red de cobros ilegales, manipulación de dictámenes y presunta extorsión a empresas, bares, gaseras y restaurantes.
La red de los permisos a la carta
De acuerdo con la información que ha trascendido, el esquema era tan simple como perverso: funcionarios y gestores externos ofrecían a empresarios “agilizar” licencias o evitar clausuras a cambio de dinero. El trámite se volvía una herramienta de presión: si el pago no llegaba, el expediente se congelaba. Si se cumplía la “cuota”, el permiso se liberaba en cuestión de días.
La práctica, según versiones de comerciantes y restauranteros, venía desde administraciones anteriores, pero alcanzó un punto crítico durante la gestión de Cortázar Ruiz. Algunos empresarios denunciaron incluso cobros para no clausurar locales durante operativos o para autorizar eventos sin cumplir los requisitos técnicos mínimos.
El golpe fue inevitable. En cuanto el caso se volvió público, el propio alcalde Galindo Ceballos reconoció que el área estaba “infestada de irregularidades” y ordenó una auditoría integral. “No se trata de un caso aislado, sino de un esquema que lastima la confianza ciudadana”, dijo.
El reclamo empresarial
El sector privado fue clave en la presión que llevó a la caída del director. Empresarios de distintos giros denunciaron que las extorsiones eran “el pan de cada día”. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) San Luis Potosí, encabezada por Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, tomó una postura frontal al señalar que la extorsión a empresas —públicas y privadas— está “fuera de control” en la capital.
A la par, cámaras empresariales del sector gastronómico y de espectáculos —como Canirac y la Asociación de Bares y Antros— celebraron la decisión del Ayuntamiento, pero exigieron que el proceso no quede en la simple separación de cargos, sino que derive en procesos penales y reparación de daños.
Consumada la purga que hizo Galindo la CANACO presidida en San Luis Potosí por Fernando Díaz de León respaldó toda acción institucional que contribuya a fortalecer la legalidad y la transparencia en los procesos administrativos del Ayuntamiento de San Luis Potosí,
Corrupción que cuesta vidas
Más allá del escándalo político, el fondo del asunto es mucho más serio. Un permiso otorgado sin las revisiones técnicas adecuadas no es solo una irregularidad: es una amenaza latente. Hablamos de gaseras, depósitos químicos, centros de entretenimiento y talleres mecánicos que pudieron haber operado en condiciones de riesgo. La corrupción en Protección Civil puede costar vidas, no solo dinero.
El propio alcalde reconoció que algunos de los trámites revisados correspondían a negocios de alto riesgo. Por eso ordenó revisar uno por uno los dictámenes emitidos durante los últimos tres años. La ciudadanía tiene derecho a saber cuántos permisos fueron otorgados sin cumplir los requisitos, y qué funcionarios los firmaron.
Abrumado con el cese, Cortázar quiso embarrar a Galindo sin efectos ni resonancia.
El caso Rich fue lo que hizo llegar a Cortázar al puesto en agosto de 2024, aprovecharse del espacio para lucrar sin garantizar la tragedia es su calvario.
Lo que debe cambiar
La lección es clara: separar funcionarios no basta. Se requiere un rediseño institucional. Urge digitalizar los trámites de Protección Civil, publicar en línea los dictámenes y las licencias, e impedir que existan gestores o intermediarios. La transparencia debe ser total: quién pidió, quién evaluó y quién firmó.
También debe existir protección a los empleados honestos que denunciaron las irregularidades, y una revisión a fondo de los permisos expedidos en administraciones anteriores. Si la red operó “durante años”, como dijo el propio secretario Villa Gutiérrez, hay más responsables de los que hoy aparecen en la superficie.
Epílogo: la confianza perdida
En la memoria colectiva, la Dirección de Protección Civil debería representar orden, técnica y prevención. Pero hoy, lamentablemente, representa lo contrario: un espejo del desgaste institucional. Los potosinos merecen saber que la seguridad de sus negocios, sus hogares y sus familias no depende del sobre que se entrega por debajo del escritorio.
Su nuevo titular Jorge Polanco tiene el reto de limpiar la operación y convencer a la ciudadanía de que esto fue el corte de la manzana podrida.
La pregunta final sigue flotando: si quienes debían protegernos se dedicaron a extorsionar, ¿quién le pone el ojo a los que nos cuidan?
