El Radar
Por Jesús Aguilar
Hoy varias escuelas y facultades de la Autónoma Potosina amanecen tomadas por la indignación. En paro. Pero llevan paralizadas mucho tiempo antes, por la inacción de quienes debían ser su autoridad.
Ayer estalló una mina explosiva en la UASLP: la combinación letal entre una práctica que no se ha detenido por más esfuerzos institucionales que se han hecho, y la falta de autoridad del responsable directo de uno de los más importantes planteles: la Facultad de Derecho, a cargo de Germán Pedroza Gaitán.
La publicación del abuso sexual contra una estudiante en las instalaciones de la Facultad el pasado viernes 17 de octubre desbordó la indignación. Colapsó la ciudad entre marchas y manifestaciones de estudiantes que exigieron justicia para la víctima, seguridad para todos y sanciones ejemplares contra los presuntos agresores.
Más allá de la condena generalizada, la información ya asumida por Rectoría fue entregada a la Fiscalía con la identificación de los presuntos responsables, junto con la aceptación de un pliego petitorio que miles de estudiantes llevaron al Edificio Central. Pero el temblor que hoy sacude a la UASLP tiene raíces más profundas que un solo caso: refleja años de silencio, impunidad y simulación.
El abogado Pedroza Gaitán, reelecto a pesar de su edad y de su evidente falta de atención al plantel, ya enfrenta el proceso administrativo de renuncia por su incapacidad para ejercer autoridad.
Ni su edad ni su enfoque le permitían atender su misión, y hoy los resultados son innegables.
Pero su reelección no fue casualidad: quien lo impulsó, por encima incluso del rector Alejandro Zermeño, fue su viejo aliado, el exfiscal y hoy secretario general de la Universidad, Federico Garza Herrera, quien ya había dejado el cargo de Fiscal General del Estado sin completar su periodo, reconociendo de facto que el puesto le quedaba grande. Esperar que desde la Secretaría General Garza Herrera sea el fiel de la balanza de la justicia universitaria, es tan ilusorio como ocioso.
Federico Garza Herrera, debe regresar a su notaría y procurar su retiro desde un espacio menos incidente en incluso la vida de tanta gente. Su amiga la ex ombduswoman potosina Magdalenta González Vega, defensora de los derechos universitarios también estará fuera del cuadro en las siguientes horas.
Los estudiantes no improvisaron su reclamo. Lo estructuraron con claridad, en siete puntos contundentes:
1. Justicia para todas las víctimas de violación, acoso, hostigamiento y cualquier forma de violencia de género dentro de la facultad.
2. Acompañamiento integral con perspectiva de género, interseccional y de derechos humanos: psicológico, jurídico y académico.
3. Sanción inmediata y pública a los agresores, sin importar su cargo o trayectoria.
4. Cero tolerancia a la revictimización y encubrimiento por parte del personal docente, administrativo o directivo.
5. Revisión y aplicación efectiva del Protocolo para la Atención de Violencias de Género, con mecanismos claros, accesibles y confiables para denunciar.
6. Formación y sensibilización obligatoria en perspectiva de género para todo el personal académico y administrativo.
7. Garantías de no represalia para quienes denuncian o acompañan a las víctimas.
Pero esta no es la primera vez que el estudiantado potosino se levanta contra los abusos.
Desde hace más de dos décadas, distintas facultades han vivido episodios similares: protestas por acoso, denuncias ignoradas, protocolos que se anuncian con solemnidad pero nunca se aplican. En 2019, un grupo de alumnas de Psicología expuso en redes sociales los casos de hostigamiento de profesores, sin que se generara sanción efectiva.
En 2022, estudiantes de Ingeniería Química y de Ciencias Sociales reclamaron la omisión de las autoridades ante denuncias internas que terminaron archivadas. Y en todos los casos, la respuesta institucional fue la misma: minimizar, dilatar o justificar.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la misma que presume autonomía académica y prestigio, ha sido también un refugio para el silencio y la protección de agresores con influencias.
La semana pasada cerca de 200 estudiantes de la Facultad de Economía realizaron otra manifestación por un motivo cercano, la denuncia formal contra un profesor señalado por acoso sexual y cuyo expediente también ya está en la Fiscalía.
La presión para la Defensoría de los Derechos Universitarios ya estaba a punto de ebullición, bajo el lema de “Fin a la impunidad” el reclamo subió de tono.
Por eso el enojo es acumulado, no coyuntural. Lo que hoy vemos en los pasillos, los carteles, las tomas pacíficas y las voces encendidas de las estudiantes, es el eco de una historia repetida de abusos cubiertos por capas de burocracia, viejos pactos y una rectoría que ha preferido administrar el escándalo antes que enfrentar la raíz.
El incendio simbólico que vive la UASLP no empezó ayer.
Arde desde hace años, entre aulas que callan y expedientes que se pierden. O que se esconden.
La UASLP no debe ser un espacio seguro de retiro solo para académicos sexagenarios que creen que su premio por trayectoria es el espacio de la toma de decisiones que ni pueden, ni quieren tomar en detrimento de espacios que deberían de defender y dirigir en plenitud.
Y sin embargo, también es cierto —y aquí el periodismo debe mirar con lupa— que el momento del estallido no es casual: a diez días de que venza el plazo que el Gobierno del Estado pactó con la Universidad para cubrir el adeudo pendiente, las tensiones internas se exacerban con una sincronía sospechosa.
Porque si algo sabemos en San Luis Potosí es que, en esta tierra, los incendios no siempre son espontáneos.
