Federico Garza, la renuncia que sigue…

El Radar

Por Jesús Aguilar.

En medio de la mayor crisis institucional que ha vivido la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en décadas, hay un nombre que inevitablemente se coloca al centro de la tormenta: Federico Garza Herrera, secretario general de la UASLP.
El hombre más poderoso después del rector. El que, según la ley orgánica universitaria, debe ser la primera línea de defensa de la casa de estudios y el garante del orden, la seguridad y la funcionalidad interna.

El artículo 41 de la normatividad universitaria no deja lugar a interpretaciones: “El secretario general colaborará con el rector en los asuntos de carácter administrativo, académico y de gobierno de la Universidad”. Eso significa que en cada crisis, en cada conflicto, en cada brote de inconformidad o agravio dentro de las facultades, su papel es el de contención, vigilancia y resolución. Pero eso, precisamente, es lo que no hizo.

El estallido del caso de abuso sexual al interior de la Facultad de Derecho —una de las más emblemáticas y sensibles de la UASLP— dejó al descubierto la omisión más grave de su gestión: la falta de vigilancia y reacción oportuna ante hechos que hoy indignan a toda la comunidad universitaria.

Garza Herrera no solo falló en su responsabilidad de gobierno. También lo hizo en el plano administrativo. Dos de las áreas bajo su supervisión directa colapsaron: la dirección de la Facultad de Derecho y la Defensoría de los Derechos Universitarios. Ambas mostraron incapacidad y silencio ante denuncias y abusos, dejando al estudiantado sin protección y a la Universidad sumida en la desconfianza.

A esto se suma un expediente que ya pesaba sobre sus hombros: la autorización y visto bueno para el arrendamiento del terreno más codiciado de la zona diamante de la capital potosina a la empresa VEM, en condiciones lesivas para la Universidad. No era un tema menor, sobre todo porque el apoderado legal de la empresa es su pariente político, un dato que nunca fue transparentado y que encendió las alarmas de conflicto de interés.

Pero quizá el mayor daño que hoy enfrenta la institución no proviene de sus enemigos externos, sino del silencio, la simulación y la protección de camarillas internas. Federico Garza fue el puente natural entre el rectorado y los grupos estudiantiles que inciden en la vida política universitaria. Algunos de esos grupos —bajo su supervisión y complacencia— fueron los mismos que controlaban los espacios donde ocurrieron los hechos de abuso.

En la práctica, el secretario general se convirtió en parte del problema y no en su solución.
Su cercanía con figuras como Germán Pedroza y Magdalena González Vega, hoy fuera de la estructura universitaria tras el colapso de confianza que detonó la indignación estudiantil, exhibe el círculo cerrado de poder que se aferró a la cúpula universitaria durante años, ignorando las señales de hartazgo que venían desde las aulas.

Ayer fue su última batalla perdida, el Rector tuvo que asistir a una reunión coyuntural a la Ciudad de México esperando que su principal colaborador pudiera con su oficio de ex subsecretario, ex fiscal y otros cargos grises en su currículum burocrático atender el tema, pero no sucedió. 

Urenda Navarro, la abogada general de la UNI, junto con la titular del órgano interno de control Karla Pantoja, mujeres que además de su responsabilidad actual han integrado históricos colectivos de denuncia y lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres fueron quienes tuvieron el talante y condiciones personales e institucionales para dar la cara por la Universidad, en la conferencia de prensa donde se anunció el cese de los presuntos responsables y la renuncia de Germán Pedroza y el despido de la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Federico Garza sabiendo que la ciudad ya estaba sitiada por las protestas pacíficas y que llegarían al edificio central comenzó a llamar desesperado a los directores de escuelas y facultades para pedirles una junta urgente (que no era otra cosa que una trampa) para que lo “cuerpearan” en la inminente llegada del contingente a Fundadores.

Algunos cayero en el garlito, otros se quedaron pertrechados en diálogo con los estudiantes que tenían en paro y control a sus escuelas, otros de plano desconocieron su liderazgo y entonces recurrió a algunos de los integrantes de las direcciones y coordinaciones de la universidad.

Cuando finalmente llegó el contingente de los estudiantes y estos fueron infiltrados con violentadores cuyo origen no se puede comprobar (aún) el descontrol cundió y en el momento en el que el vandalismo estalló los propios estudiantes se dieron cuenta que los agresivos encapuchados no eran parte de la comunidad universitaria y salieron detrás de los funcionarios y directivos otra vez a la plaza de Fundadores.

Parte de la directiva de la Universidad fue linchada verbalmente en el traslado forzado de la discusión pública a Palacio de Gobierno, las imágenes y tono de la manifestación se desbordaron sin embargo tiempo después terminaron regresando a la entrada del edificio central en donde Urenda Navarro logró finalmente dejar claro que el diálogo no lo rompería la universidad y los representantes del estudiantado entendieron que estaban siendo usados como carne de cañón y vehículo de una perversión política intolerable.

Federico Garza, evidentemente no estaba ahí, ni tampoco llamó a las autoridades estatales para operar con claridad sobre los alcances de la crisis que ayer estalló, incluso si podían estar involucrados de alguna manera. 

Garza Herrera está rebasado y en medio de una tormenta en la que es responsable y su presencia en general y ahora en particular es tremendamente nociva.

Arely Torres Miranda, activista, feminista, hija de la célebre Martha Miranda Castro, una de las mujeres universitarias más reconocidas, lo que le hizo merecedora a la creación de la medalla que lleva su nombre y que reconoce la trayectoria de mujeres de la universidad dijo ayer en sus redes sociales:

No olvidar que Federico Garza, fue fiscal quien protegió, encubrió, fue omiso, permitió y hasta consintió la impunidad en cientos de feminicidios ocurridos en SLP. Desde el día 1 que llegó a la UASLP es una vergüenza que esté en ese lugar 

Por eso su continuidad no solo resulta insostenible, sino peligrosa.
Cada día que permanezca en el cargo ahonda la distancia entre la autoridad y el estudiantado, erosiona la credibilidad del rector y prolonga una crisis que exige limpieza, transparencia y renovación inmediata.

La Universidad no puede reconstruirse sobre la base de quienes fueron parte de su derrumbe moral.

Federico Garza Herrera debe renunciar no por presión política ni mediática, sino por dignidad institucional, por respeto al alma mater que dice servir, y por un mínimo sentido de responsabilidad ante una comunidad que clama por justicia y cambio verdadero.

La UASLP merece un secretario general que escuche, proteja y actúe.
No uno que calle, encubra y divida.

La UASLP no puede andarse hoy con medias tintas, su cambio a profundidad parece que tiene una increíble oportunidad.

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