El Radar
Por Jesús Aguilar
El estallido en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ha sido, en apariencia, un reclamo estudiantil legítimo: la denuncia de una agresión sexual en la Facultad de Derecho desató protestas, destrozos y un paro que paralizó el campus durante días. Ayer el paro terminó. Pero la estela de expulsiones, destituciones de directivos y promesas de protocolos de seguridad han sido el guion oficial, con el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra al frente, dialogando y aceptando pliegos petitorios. Pero detrás de los titulares, como en todo buen drama potosino, hay un telón de fondo de datos desconocidos, maniobras opacas y actores que prefieren la penumbra. ¿Es solo un movimiento estudiantil, o hay hilos que se tensan desde el poder, la política y las finanzas? Vamos a ponderar lo que no se dice en las ruedas de prensa.
Primero, el reloj financiero que nadie detiene. Mientras los estudiantes exigían justicia –y con razón–, el gobierno estatal ya había movido fichas con el rector Zermeño antes de que se cumplieran las primeras 48 horas del caos. Fuentes cercanas al diálogo revelan que, en las horas iniciales del estallido (alrededor del 20 de octubre), hubo una llamada directa desde el Ejecutivo para ofrecer apoyo a la máxima casa de estudios. No fue un gesto de última hora: era una jugada para blindar la institución en su peor momento de vulnerabilidad. La UASLP arrastra una condición financiera precaria –deudas con proveedores, quincenas de trabajadores en vilo y tensiones por auditorías externas que la universidad rechaza con uñas y dientes. Ese “tiempo práctico” al que aludo es el plazo implícito para una inyección de recursos estatales que salve al barco de la quiebra. Si no se concreta pronto, el paro estudiantil podría mutar en una crisis mayor, con despidos y cierres de facultades. ¿Por qué no se grita esto desde los megáfonos? Porque diluirlo en el escándalo sexual conviene a quienes quieren que el foco no caiga en las cuentas públicas.
Pero el conflicto no es un monolito. Hay factores externos y grupúsculos políticos que huelen a oportunismo, colándose como ratas en un granero en llamas. Intereses particulares –desde empresarios con deudas pendientes con la Uni, hasta facciones locales que ven aquí un tablero para sus revanchas– han intentado incidir en el movimiento. Basta ver cómo, en medio del paro, resurgieron ecos de viejos pleitos: terrenos en disputa, como el del fallido proyecto Distrito Santa Fe, que la universidad defiende a capa y espada contra desarrolladores voraces. El rifirrafe con el Instituto de Financiamiento Superior del Estado (IFSE), que amenaza con sanciones al rector por no abrir las arcas a auditorías. Y no olvidemos a los “titiriteros”: analistas hablan de cómo ciertos exfuncionarios, con redes en partidos políticos ajenos al propio verde, usan el descontento para erosionar la autonomía universitaria, pintándola como un nido de impunidad. Esos grupúsculos no buscan justicia; buscan cuotas de poder. ¿Coincidencia que el paro coincida con el arranque de las adelantadas campañas locales? Tengo mis reservas.
Y en este cóctel de sombras, nadie –ni el gobierno ni la rectoría– parece dispuesto a respaldar a Fabián Espinosa y su infame “baúl de mentiras”. Espinosa, el vengativo insignificante, ha intentado colgarle el muerto al rector Zermeño y a supuestos aliados como Juan Ramiro Robledo, acusándolos de manipular el conflicto. Pero el gobierno, lejos de avalarlo, lo ha dejado en el limbo: ni apoyo ni réplica oficial. ¿Por qué? Porque su baúl –lleno de denuncias sensacionalistas y demandas falsas que no avanzan– es una revancha personal y no la verdad. En una entrevista exclusiva del rector, se deslizó que el apoyo estatal va a la institución, no a figurines como Espinosa, cuya credibilidad se evaporó en escándalos pasados, ahora habrá que demostrarlo. El mensaje es claro: el Ejecutivo prioriza la estabilidad financiera de la UASLP sobre narrativas tóxicas.
En fin, el conflicto de la UASLP no es solo un grito de auxilio por seguridad; es un rompecabezas con piezas ocultas: plazos financieros que aprietan, influencias políticas que susurran y un rechazo rotundo a los charlatanes como Espinosa.
Tampoco hay que cargarle a nadie más que al vacío estatutario que se generó en Derecho con la salida de sus dos principales piezas, el interinato de Delgado Sam no es una negociación sino una única salida.
Lo siguiente por saber es si… ¿Apoyará el gobierno ese pago salvavidas antes de que el tiempo se agote? ¿Silenciarán en la Uni a los grupúsculos que siguen queriendo tener injerencia? La autonomía universitaria no se negocia en pasillos oscuros. Potosinos, exijamos los datos completos: porque en la universidad de todos, las mentiras no caben, ni en baúles ni en oficinas.
