María Ruiz
El reciente fallo del Juzgado Sexto de Distrito, que impuso una multa económica a la Contraloría General del Estado por no entregar los expedientes relacionados con la investigación del caso Rich, reavivó la indignación de los familiares de las víctimas del accidente ocurrido el 7 de junio de 2024, donde dos jóvenes perdieron la vida durante un evento masivo en un local que operaba sin permisos.
Uno de los puntos más controvertidos del caso Rich en las últimas semanas fue la decisión formal de la Contraloría General del Estado de declarar como reservada la información contenida en el expediente de investigación interna sobre las omisiones de funcionarios estatales y municipales.
Esta medida generó alarma entre los familiares de las víctimas, quienes recurrieron a la justicia federal para acceder a los documentos.
Según explicó Ramón Infante, padre de una de las víctimas, la reserva de información fue utilizada por la dependencia como un pretexto para impedir el acceso al expediente, lo que motivó que el Juzgado Sexto de Distrito sancionara a la Contraloría y ordenara la entrega inmediata de los documentos.
“La Contraloría declaró formalmente reservada la información, como si se tratara de un asunto de seguridad nacional. Es algo gravísimo, porque estamos hablando de un caso donde murieron jóvenes y donde hay servidores públicos señalados. El propio fallo del juez lo dice: están violentando la ley de transparencia y el derecho de las víctimas a saber la verdad”, afirmó Infante.
El padre agregó que esta reserva institucional confirma sus sospechas de encubrimiento.
“Si no tuvieran nada que esconder, ya habrían entregado todo. Pero cuando una autoridad reserva documentos, es porque hay algo que compromete a funcionarios. Y eso, para nosotros, solo significa una cosa: encubrimiento”.
Ramón Infante, calificó la situación como un “ejemplo del nivel de impunidad y encubrimiento que reina en San Luis Potosí” y lanzó una crítica frontal al Gobierno del Estado, la Contraloría, la Secretaría de Gobierno y el Ayuntamiento de San Luis Potosí.
“Para mí es muy lamentable tener que recurrir ante la justicia federal para pedir un expediente que debería estar a la vista, al menos para los interesados, que somos las víctimas. Lo están ocultando, y eso viola la ley de transparencia”, denunció.
El padre señaló al titular de la Contraloría, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, por negarse reiteradamente a entregar la informació que ahora la justicia federal lo obligan a entregar.
“Vemos a una Contraloría que cae en la opacidad, y la opacidad genera corrupción. Qué lamentable que el Sistema Estatal Anticorrupción, al que pertenece, sea un sistema corrupto. Nos negó el acceso, nos revictimizó y actuó con total indiferencia”.
Infante subrayó que este caso es una muestra del ocultamiento sistemático de información pública, una práctica que se ha convertido en norma dentro del gobierno potosino.
“Tenemos un gobierno basado en el ocultismo. No facilitan la información, esconden los expedientes, y lo hacen porque saben que ahí hay nombres y responsabilidades. Hay un encubrimiento desde la Secretaría de Gobierno”.
Ramón Infante fue más allá y señaló a la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Guadalupe Torres Sánchez, y a otras instituciones del gobierno de intervenir para proteger a funcionarios y desviar la atención pública.
“Nosotros observamos un total encubrimiento desde la Secretaría de Gobierno. Guadalupe Torres ha salido a negar los hechos con argumentos sin sustento, y eso demuestra la ingobernabilidad que hay en nuestro estado. Es preocupante tener una ingobernabilidad sin límites”.
De acuerdo con el padre, esta política de ocultamiento no solo obstaculiza el acceso a la verdad, sino que protege a los funcionarios directamente implicados en las omisiones que derivaron en la tragedia.
“Sabemos todos quiénes fueron los responsables: el director de Gobernación, Concepción Gallardo; el director de Protección Civil, Mauricio Ordaz; y la titular de la Coepris, Lucía Ramírez. Todos participaron en la cadena de omisiones que permitió que ese lugar operara sin los permisos adecuados”.
Infante señaló además que el Ayuntamiento de San Luis Potosí, en ese momento encabezado por una alcaldesa interina, Daniela Cid González, también debe rendir cuentas, particularmente su área de Comercio Municipal, que autorizó licencias irregulares.
“No olvidemos que en ese tiempo el Ayuntamiento estaba encabezado por una alcaldesa interina. Bien o mal, ella era la responsable y debe comparecer. Dentro del área de Comercio se otorgaban permisos con total facilidad, se daban licencias a locales que de fachada tenían permiso de restaurante, pero funcionaban como antro. Todo mundo lo sabía, y aun así se les permitió abrir”.
El padre también cuestionó las presiones políticas sobre la Fiscalía General del Estado, dirigida por Manuela García Cázares, a quien no se le ha permitido trabajar con independencia.
“Desde Palacio de Gobierno no le permiten a la fiscal realizar su trabajo con autonomía. Tal pareciera que la están limitando directamente desde ahí, para ocultar la verdad. No quieren que llegue a fondo porque saben que hay funcionarios implicados”.
Hace poco más de un mes, cinco familiares de víctimas sostuvieron una reunión con la fiscal, donde le pidieron acelerar la investigación y garantizar justicia.
“Nos reunimos con la fiscal cinco de las víctimas. Le dijimos que, aunque hay tres personas acusadas —los dueños del antro—, no vemos a los verdaderos responsables. Los que dieron los permisos, los que firmaron los documentos, los que se beneficiaron. Esos siguen en sus cargos”.
La audiencia intermedia del caso está prevista para el 30 de octubre, donde se espera que finalmente la Contraloría cumpla con la entrega de los expedientes requeridos por el tribunal.
Infante dirigió un mensaje directo al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, además de cuestionar su liderazgo y la falta de control sobre sus funcionarios.
“Yo sé que el gobernador también es padre de familia. Le diría que se ponga en nuestro lugar, aunque sea por un momento. Pero aquí se ve que no tiene control ni orden con sus funcionarios. Esto demuestra que en su gobierno hay desinterés, amiguismo y complicidad.
Estos hechos caen en la total impunidad. No hay castigo porque hay protección, porque son sus conocidos, sus amigos o familiares. Todo es una negociación. No me cabe la menor duda de que hay complicidad desde Palacio de Gobierno”.
El padre enfatizó que su lucha no tiene motivaciones económicas, sino morales y sociales.
“Nosotros no buscamos una remuneración, queremos justicia. Que esto no se vuelva a repetir. Que nuestros hijos no sean olvidados y que los responsables den la cara.”
Finalmente, reiteró su exigencia a la Fiscalía.
“Pedimos una total autonomía y libertad para que la fiscal haga su trabajo y deje de cubrir a sus compañeros y cómplices. Queremos un San Luis con verdad y justicia, no con pactos de silencio y corrupción”.
