La violencia política cobra otra víctima: el alcalde de Uruapan, Michoacán

La violencia política volvió a sacudir a Michoacán. El 1 de noviembre, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, fue asesinado en un ataque directo, luego de haber denunciado amenazas previas atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El homicidio ocurrió durante el Festival de las Velas, uno de los eventos culturales más representativos de la región, y evidenció el clima de inseguridad que enfrenta la entidad, particularmente Uruapan, municipio que se mantiene entre los más violentos del estado.

Uruapan, foco rojo en Michoacán

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uruapan ocupa el tercer lugar estatal en tasa de delitos, con 1,048 casos por cada 100 mil habitantes hasta julio de 2025, solo detrás de Charo y Morelia.

Los delitos más frecuentes en lo que va del año son:

  • Lesiones dolosas: 534 casos
  • Robo de vehículo: 409
  • Amenazas: 386
  • Robo de motocicleta: 224
  • Narcomenudeo: 206
  • Homicidio doloso: 104

En los últimos 15 años, el municipio ha acumulado más de 69 mil delitos, encabezados por el robo de vehículo (13,182 casos), lesiones dolosas (8,668) y amenazas (3,922). El 2021 fue el año con mayor incidencia, con 5,693 delitos.

Violencia política en aumento

El asesinato del alcalde Carlos Manzo no es un hecho aislado. Según el monitoreo de la plataforma “Votar entre balas”, de México Evalúa y Data Cívica, en 2025 se han registrado al menos 11 ataques contra actores políticos en Michoacán, entre ellos atentados, amenazas y homicidios.

Entre los casos más recientes se encuentra el ataque armado contra la alcaldesa de Buenavista, Irma Moreno Mendoza, quien fue emboscada en carretera en septiembre pasado; el asesinato de Martha Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, en junio, y la agresión al secretario de Desarrollo Rural de Apatzingán, Aldo Gutiérrez, quien fue herido a balazos frente a su oficina.

Los hechos reflejan la creciente vulnerabilidad de los funcionarios municipales frente al crimen organizado, especialmente en zonas donde los cárteles disputan el control territorial.

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