EL RADAR
Por Jesús Aguilar
Después de un mes turbulento, las puertas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí volvieron a abrirse. Las clases se reanudaron y la vida académica intenta recuperar su cauce. Pero la calma es aparente: mientras los universitarios buscan reconciliarse con su propio proceso, en el Congreso del Estado varios diputados se empeñan en mantener viva la confronta, esta vez disfrazada de “fiscalización” y “exigencia de transparencia”.
Desde el bloque oficialista, una ofensiva política se ha articulado con precisión quirúrgica contra el rector Alejandro Zermeño Guerra. Entre los más activos figura el diputado Luis Fernando Gámez, quien se ha erigido en punta de lanza de los ataques contra la Universidad, pese a que su propio desempeño legislativo deja mucho que desear: apenas 4.10 de calificación sobre 10, según la más reciente evaluación de Congreso Calificado. En términos universitarios, con ese promedio, ni derecho a exámen.
Un número que retrata con crudeza la falta de seriedad y consistencia de quien hoy pretende dictar cátedra sobre rendición de cuentas.
El discurso que promueven Gámez y otros diputados del grupo mayoritario se apoya en una lectura distorsionada de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró improcedente la controversia presentada por la UASLP contra el Instituto de Fiscalización del Estado. No fue un revés de fondo —como lo intentan hacer ver— sino una decisión estrictamente procesal: la Corte determinó que la Universidad no tiene carácter de autoridad estatal para ese tipo de controversias. Pero los diputados lo presentan como un aval para la intromisión política, con el fin evidente de debilitar a la Rectoría y disciplinar a una institución que ha mantenido su independencia.
Lo verdaderamente grave es lo que no dicen.
Durante semanas, la crisis universitaria tuvo su origen en hechos que deberían haber indignado a todo el Congreso: la violación de una estudiante dentro de las instalaciones universitarias y la posterior indignación de una comunidad que exigió justicia y empatía. En lugar de atender el fondo del problema —la protección y los derechos de las mujeres, la prevención de la violencia y el acompañamiento institucional—, varios legisladores optaron por callar. Ninguna comisión especial, ningún exhorto, ninguna agenda urgente.
El silencio fue su respuesta.
Y mientras tanto, más de 40 mil universitarios —entre estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo— viven hoy bajo incertidumbre financiera, porque el gobierno estatal sigue sin cumplir los pagos comprometidos con la UASLP. El impago golpea becas, proyectos, programas académicos y la estabilidad misma de la institución. Pero ni una sola voz del Congreso ha exigido claridad ni rendición de cuentas al Ejecutivo.
En cambio, se ha elegido el camino del desgaste, del señalamiento y del oportunismo político. Se pretende convertir el legítimo debate sobre la autonomía universitaria en un espectáculo partidista. Y todo mientras se omite lo esencial: que la Universidad es uno de los pocos espacios públicos donde todavía se preservan la crítica, la ciencia y la libertad de pensamiento.
El Instituto de Fiscalización del Estado, hoy controlado por el grupo político en el poder, se ha transformado en un instrumento de presión, no en un órgano técnico. La doble moral legislativa es evidente: mientras se exige escrutinio a la UASLP, el Congreso guarda silencio ante los contratos opacos, los fideicomisos sin transparencia y los gastos discrecionales del gobierno estatal.
Los mismos diputados que hoy amagan con juicios políticos son los que han permitido la captura institucional de organismos autónomos, las designaciones a modo y la erosión paulatina de la división de poderes en San Luis Potosí.
No hay democracia posible sin una universidad libre.
Y no hay universidad libre bajo el acoso del poder.
La UASLP no necesita que la “fiscalicen” quienes se niegan a fiscalizarse a sí mismos. Lo que necesita es que se le respete, que se le cumpla y que se le permita seguir siendo lo que siempre ha sido: el corazón intelectual y moral de San Luis Potosí.
La autonomía universitaria no se negocia ni se somete. Se defiende con hechos, con dignidad y con memoria. El reloj avanza y esta distracción malsana estorba a lo que probablemente quieren de fondo el Rector y el Gobernador, pasar la página en paz…
