El Radar
Por Jesús Aguilar
El Nacional Monte de Piedad (NMP) no es cualquier institución: lleva 250 años cumpliendo un mandato fundacional de apoyo a quien más lo necesita, a través de los préstamos prendarios que han sido, por generaciones, una tabla de salvación para millones de mexicanos. Hoy, la institución cuenta con más de 1.2 millones de clientes activos y realiza alrededor de 600 mil operaciones mensuales, de las cuales 2.4 millones son subsidiadas para personas no bancarizables.
Sin embargo, este gran legado está siendo puesto en riesgo por una crisis laboral que trasciende lo convencional. La huelga estallada por su sindicato no responde —como podría pensarse— a una disputa salarial o de prestaciones, sino a algo mucho más grave: la lucha por el control interno de las vacantes y plazas, al margen de la ley, y en medio de un entorno que poco favorece la transparencia.
¿Por qué estalló la huelga?
El sindicato se negó a cumplir con los acuerdos del convenio modificatorio firmado para concluir la huelga de 2024, y decidió obstaculizar el proceso de boletinaciones, mecanismo mediante el cual se asignaron cerca de 300 plazas a trabajadores que obtuvieron ascenso. Un día antes de que tomaran posesión, la dirigencia sindical estalló la huelga.
Esta conducta carece de sustento legal o contractual, ya que la discusión no gira en torno a salarios ni prestaciones, sino al control del “quién toma qué vacante”.
¿A quién afecta más?
Todos están en la mira:
- Los trabajadores, que dejan de percibir salario y prestaciones.
- La institución, que ve interrumpidas sus operaciones.
- Y, sobre todo, la población más vulnerable, que depende de los servicios financieros del Monte, un actor social estratégico.
¿Qué está en juego además del conflicto visible?
Una reciente investigación periodística, de Xpectro FM, retomada por medios como SDP Noticias, Milenio y Forbes México, revela que la dirigencia sindical del NMP — encabezada por Arturo Zayún González— habría incurrido en operaciones financieras, inmobiliarias y sindicales con irregularidades graves. Entre los hallazgos más significativos:
- Entre 2012 y 2025, Arturo Zayún y sus hermanos Roberto y Gustavo
- habría adquirido decenas de propiedades y bienes inmuebles en diversos municipios de San Luis Potosí y Quintana Roo con un valor estimado real de más de 300 millones de pesos.
- Ejemplo concreto: el 30 de marzo de 2012 adquirió un inmueble de 540 m² en el Club Campestre de San Luis Potosí, valor declarado 2.671.425 pesos, cuando su valor estimado rondaba entre 17 y 49 millones de pesos.
- El 26 de febrero de 2016 compraron otra propiedad más en el Club de Golf Campestre de San Luis Potosí de 375 metros cuadrados por un monto declarado de 4 millones 600 mil pesos; sin embargo, el valor comercial superior a los 40 millones de pesos.
- Otra operación: el 6 de enero de 2025 compró dos lotes de 410 m² en el fraccionamiento Villa Magna (SLP) por 1.824.000 pesos declarados, cuando peritos estiman su valor en aproximadamente 5.5 millones de pesos, es decir, más de cuatro veces lo declarado.
- Se acusa también de pagos en efectivo, cheques sin crédito bancario, uso repetido de notarías específicas (21 y 23 de SLP), donaciones entre familiares y subvaluación de bienes, lo cual podría apuntar a simulación de compraventa y evasión fiscal.
- En el ámbito sindical: el sindicato posee un “Centro Deportivo y Social Monte de Piedad” en CDMX que renta salones para eventos privados —mínimo 50 personas a 525 pesos por persona (incluye comida, DJ, decoración) — pagados únicamente en efectivo, sin registro claro ante el SAT ni rendición de cuentas visible.
- Asimismo, hay denuncias de trabajadores que aseguran no existir claridad sobre el destino de las cuotas sindicales que mes a mes se les descuentan.
- Estos datos revelan un escenario donde la huelga —a primera vista laboral— se inscribe en una lógica de poder y privilegio que afecta el funcionamiento de una institución cuyo fin es, precisamente, el servicio social.
¿Qué sigue y cuándo podría terminarse la huelga?
