María Ruiz
Un año después de que San Luis Potosí despenalizara el aborto, son las colectivas feministas —y no las instituciones públicas— quienes sostienen el acceso real a este derecho.
De las 674 interrupciones de embarazo registradas entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, casi el 70 por ciento fueron acompañadas por redes autogestionadas, integradas por mujeres organizadas en barrios, municipios y comunidades del estado.
El dato, contenido en el informe “Aborto legal y acompañamiento en San Luis Potosí: a un año de la despenalización”, presentado por el Frente Marea Verde SLP, en conjunto con Abortistas MX, Apoyaré A.C., la Red de Médicas por el Derecho a Decidir y Lúminas Centro de Derechos Humanos A.C., revela una contradicción de fondo: la ley reconoce el derecho, pero el Estado aún no lo garantiza.
Mientras las reformas de noviembre de 2024 y el Decreto 0205 de mayo de 2025 obligan a las instituciones de salud a ofrecer el servicio de forma gratuita y segura, los datos muestran que el sistema público sigue rezagado, opaco y, en algunos casos, abiertamente renuente.
Los Servicios de Salud del Estado reportan apenas 136 atenciones en casi un año, sin detallar en qué hospitales ocurrieron ni reconocer ningún aborto voluntario. En contraste, las colectivas informan haber acompañado 467 procesos dentro de las primeras 12 semanas de gestación, la mayoría con medicamentos como misoprostol o mifepristona, en entornos domésticos y comunitarios.
El IMSS, por su parte, registró 71 procedimientos en solo dos hospitales: 64 en el General de Zona No. 1 “Zapata” y siete en el No. 6 de Ciudad Valles, de los cuales apenas dos fueron por decisión voluntaria y seis por violación. El ISSSTE, en un gesto que ilustra el desinterés institucional, pidió una prórroga para entregar sus cifras y no ha respondido desde entonces.
Es decir, el 69.2 por ciento de los abortos contabilizados en total por instancias públicas y acompañamiento colectivo (prácticamente 7 de cada 10) fueron acompañados por redes feministas, no por el sistema público de salud.
En los hechos, las colectivas asumieron el trabajo que debía garantizar el Estado: informar, acompañar, cuidar, suministrar medicamentos y sostener emocionalmente a quienes deciden interrumpir un embarazo.
Como señala Olga Lucio ,“la ley cambió, pero las prácticas institucionales no; el Estado sigue ausente mientras las redes feministas sostienen la salud y la dignidad de cientos de mujeres”.
El informe también evidencia falta de capacitación médica y resistencia cultural. Los Servicios Estatales de Salud reportaron solo dos cursos de formación en materia de aborto; el IMSS no impartió ninguno. En muchas unidades médicas, la objeción de conciencia y el miedo al estigma todavía bloquean el acceso, especialmente en zonas rurales e indígenas.
En este sentido, se subrayó que la despenalización “fue un avance jurídico, no una transformación real de la política pública”. Según el documento, el marco legal vigente permite el aborto gratuito y seguro, pero el sistema sanitario mantiene las mismas estructuras de exclusión y lentitud que existían antes de la reforma.
Por ello, el Frente Marea Verde propone trasladar la regulación del aborto del ámbito penal al sanitario, eliminar por completo su mención en el Código Penal y garantizar que todas las instituciones públicas cuenten con personal capacitado, medicamentos disponibles y protocolos claros de atención.
“Sin presupuesto, sin formación y sin voluntad política, la despenalización es apenas una promesa en papel”, advirtió Olga Lucio, de Lúminas Centro de Derechos Humanos A.C. “El aborto es legal, pero todavía no es libre, ni seguro, ni verdaderamente accesible”.
