Por Mario Candia
14/11/25
EXTORSIÓN En México hay delitos que escandalizan por su violencia súbita y otros que destruyen sin hacer ruido. La extorsión pertenece a esta segunda categoría: un cáncer cotidiano que se expande mientras el Estado mira hacia otro lado. Ayer, una nota publicada en la prensa nacional confirmó lo que comerciantes, productores y empresarios han denunciado durante años: el cobro de piso no solo no ha sido contenido, sino que es el único delito de alto impacto que creció respecto a 2019, aumentando 23 por ciento en el número de denuncias diarias registradas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras otros delitos presumen reducciones cuestionables, la extorsión pasó de 25 a 31 denuncias diarias, lo que revela la realidad que el discurso oficial intenta maquillar.
DATOS El INEGI, por su parte, ofrece una radiografía aún más cruda. Su Encuesta Nacional de Victimización Empresarial reportó 747 mil extorsiones tan solo en 2023. De ese universo, unas 113 mil fueron extorsiones en la vía pública, establecimientos o negocios: la expresión más directa del cobro de piso. La cifra negra es brutal: solo 3 de cada 100 casos se denuncian. La impunidad no es un efecto colateral, es la condición de operación del negocio criminal más rentable del país.
TRAGEDIA Los datos de organismos empresariales coinciden con esta tragedia silenciosa. La COPARMEX advierte que entre enero y abril de 2024 hubo 31 víctimas diarias de extorsión: más de 3 mil 700 en cuatro meses. La CONCANACO Servytursostiene que 9 de cada 10 negocios en México han sido víctimas del cobro de piso en algún momento. Nueve de cada diez: ese es el tamaño del Estado ausente, del país donde abrir un local implica negociar con la delincuencia para poder trabajar.
IMPARABLE La nota de ayer detalla la dimensión económica del problema: en Michoacán, el crimen organizado despojó 1,800 millones de pesos a productores de limón y aguacate. En Apatzingán y Tepalcatepec, los limoneros deben entregar 3 pesos por kilo y los aguacateros hasta 3 pesos por kilo para no ser expulsados —o asesinados— de sus propias tierras. No es un delito aislado: es un sistema fiscal paralelo impuesto por grupos armados que operan con tal impunidad que pueden cobrar, multar, ajustar tarifas y castigar la morosidad.
IMPUNIDAD El Gobierno federal insiste en que las tendencias delictivas van a la baja, pero no hay narrativa que pueda tapar estas cifras. La extorsión prospera porque quienes deben combatirla no pueden, no quieren o no se atreven. La economía nacional funciona hoy con una doble tributación: la oficial y la criminal. Y mientras millones de mexicanos pagan por sobrevivir, el Estado presume indicadores que no reflejan la realidad de los mercados, los tianguis, las carreteras o las zonas productivas. El cobro de piso no es solo un delito: es un síntoma de derrota institucional. Donde la extorsión domina, el Estado se ha retirado. Y cuando un país acepta vivir así, deja de ser una república para convertirse en un territorio de supervivencia.
Hasta el lunes.
