El Radar
Por Jesús Aguilar.
Finalmente ayer se pagó con bombo y platillo lo que era una obligación del gobierno a la U.A.S.L.P. Sin embargo nadie debe lanzar vítores al cumplimiento de una obligación, ahora el tema es hacia adentro.
En medio de las cenizas del escándalo que paralizó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) hace apenas semanas, la elección del nuevo director o directora de la Facultad de Derecho emerge no como un trámite burocrático, sino como un símbolo imperioso de la nueva era que clama la institución.
El estallido del 20 de octubre —un paro generalizado impulsado por el manejo opaco de un caso de violación en el plantel, la renuncia de Germán Pedroza Gaytán y adeudos estatales por más de 200 millones de pesos— expuso grietas profundas: filtraciones a medios afines, encubrimientos y una cultura de impunidad que contradice el ethos jurídico que debería encarnar esta facultad, la principal forja de leyes en el estado.
Hoy, 18 de noviembre, arranca el Consejo Técnico Consultivo para evaluar a 12 aspirantes docentes y definir la terna que enviará a Rectoría y esta al Consejo Universitario. Este proceso, marcado por la opacidad —la convocatoria ni siquiera luce en los portales oficiales— debe trascender lo formal.
El o la elegida ha de ser el puntal de una depuración radical: erradicar malas prácticas como el nepotismo político, evidenciado en la reciente afiliación del interino Javier Delgado Sam a Morena, justo cuando exalumnos vinculados al partido enfrentan acusaciones por el agresor sexual. ¿Cómo dirigir una escuela de derecho con sombras partidistas que socavan la autonomía universitaria?
Más allá de la purga, la nueva dirección debe tejer una reintegración seria y proactiva. Escuchar no es retórica: mesas de diálogo abiertas, con estudiantes, docentes y administrativos, para desatorar demandas de género, transparencia y seguridad. El paro no fue capricho; fue grito de una comunidad fracturada. El rector Alejandro Zermeño Guerra ha insinuado priorizar equidad de género en la terna, pero sin dañar el estatuto; aquí radica la prueba: ¿se optará por rigor normativo o por justicia restaurativa?
Como baluarte del estado de derecho en San Luis Potosí, la Facultad debe predicar con el ejemplo: promover una cultura de legalidad que combata la corrupción endémica, impulse protocolos contra la violencia y eduque en el respeto irrestricto a la ley. No basta con títulos; urge un liderazgo ético que convierta el escándalo en catalizador de cambio.
Esta elección no es un episodio aislado, sino un eco de la urgencia nacional por fortalecer las universidades públicas mexicanas, como advierten expertos académicos.
En un análisis de la OCDE sobre el futuro de la educación superior en México, se enfatiza que el rápido crecimiento de la matrícula —del 17% al 25% entre 2007 y 2017— exige inversiones en infraestructura y gobernanza para evitar desigualdades que perpetúen la brecha social. “De la universidad pública fluye conocimiento para el bienestar y la prosperidad social”, sostiene el Seminario de Educación Superior de la UNAM, recordando que instituciones como la UASLP son motores de investigación y egresados que impulsan el desarrollo regional. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, ha calificado de “incuestionable” el rol de estas casas de estudios en el progreso de México, abogando por alianzas internacionales que eleven la calidad educativa y la innovación.
Expertos como los del Seminario de Educación Superior insisten en que el fortalecimiento pasa por reformas que garanticen la libertad académica, permitiendo a las facultades generar conocimiento sin injerencias políticas —precisamente lo que hoy amenaza a la UASLP.
En un estudio reciente de la Universidad de Guadalajara, se destacan desafíos como el financiamiento insuficiente y la necesidad de acceso equitativo, proponiendo que liderazgos éticos en facultades clave, como Derecho, sean el eje para superar la corrupción y fomentar la calidad.
Según investigadores chilenos con mirada a México, inciden directamente en la productividad académica; así, un director que promueva la legalidad no solo depura su facultad, sino que modela un estado de derecho para el país.
La terna que salga mañana no es solo un nombre: es el pacto de la UASLP con su futuro.
Si falla, el paro será preludio de más tormentas.
Si acierta, alumbrará una universidad autónoma, de verdad, alineada con el clamor académico por instituciones robustas que eduquen ciudadanos éticos y contribuyan al desarrollo nacional.
