El diputado Luis Felipe Castro Barrón advirtió que los tiraderos clandestinos se han convertido en un problema que afecta directamente a la salud pública, pues quienes depositan desechos en estos sitios no dimensionan el riesgo que generan para las comunidades cercanas. Afirmó que los municipios deben asumir con seriedad la gestión adecuada de la basura, especialmente en la zona metropolitana, donde existe capacidad para darle un manejo responsable a los residuos.
Además, el integrante de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente explicó que ha sostenido reuniones con funcionarios de distintas direcciones de ecología, a quienes pidió actuar con mayor firmeza para frenar estos espacios ilegales. Comentó que, junto con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), se trabaja en una propuesta para reconocer como delito ambiental el uso y operación de tiraderos clandestinos, debido al daño que provocan.
Castro Barrón señaló que la revisión del manejo de los residuos industriales es una responsabilidad directa de las áreas municipales de Ecología, y que deben sancionar a quienes incumplan la ley. Recordó que incluso en el centro de la ciudad hay restaurantes que desechan de manera incorrecta el aceite usado, mientras que en zonas periféricas algunos talleres lo arrojan en coladeras, agravando la contaminación.
El legislador recordó que los tiraderos clandestinos no solo deben ser atendidos por las autoridades, sino también castigados. Por ello, el Congreso del Estado trabaja en una reforma que imponga sanciones más severas. La iniciativa contempla penas administrativas y de prisión, las cuales están siendo afinadas junto con SEGAM y la Fiscalía para evitar que se interpreten como ocurrencias y garantizar que tengan sustento técnico y legal.
Finalmente, destacó que es momento de que las autoridades de los municipios vigilen de manera adecuada estos sitios ilegales, ya que su proliferación demuestra la falta de control. Añadió que el Congreso busca dar herramientas legales más claras para detener su operación y para responsabilizar a quienes los utilizan o los mantienen activos.
