María Ruiz
La audiencia intermedia del caso Rich avanzó entre tensiones, rupturas y decisiones que reconfiguraron la participación de algunas víctimas. De las personas reconocidas en la carpeta de investigación, dos jóvenes decidieron concluir su intervención mediante acuerdos reparatorios: Renata N. recibió 250 mil pesos, y Andrea N., 150 mil pesos, montos entregados como parte de la reparación del daño, lo que legalmente permitió que ambas otorgaran el perdón a los imputados Francisco N., Nancy N. y Ulises N.; con ello dejaron de formar parte del proceso penal.
El resto de las víctimas —entre lesionadas y familiares de quienes murieron aquella noche del 7 de junio de 2024— continúan en el juicio.
Entre ellas está Ramón Infante Guerrero, padre de uno de los jóvenes fallecidos, quien relató que, aunque respetan la decisión de las adolescentes que aceptaron la compensación económica, la salida de ambas “sí fragmenta el camino que se estaba recorriendo en conjunto. Renunciaron a cualquier tipo de acción jurídica”.
Sin embargo, el punto más crítico de la audiencia ocurrió cuando los abogados defensores de Nancy N. y de Ulises N. —es decir, los abogados de los imputados— abandonaron a sus propios clientes en plena sesión, luego de que el juez rechazara diversas solicitudes procesales que ellos presentaron.
El tribunal consideró su salida un acto de rebeldía y emitió una sanción de 50 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) y una amonestación. La falta de defensa obligó a la designación inmediata de un abogado de oficio, lo que impidió continuar la audiencia y forzó su reanudación para el martes 25 de este mes.
En entrevista, Infante Guerrero explicó que, aunque dos jóvenes aceptaron la reparación económica, la mayoría sigue en el proceso porque sus daños fueron irreparables o permanentes.
Recordó los casos de otros dos jóvenes, quienes no cuentan con una “fe de sanidad” que garantice que no presentarán nuevas complicaciones médicas en el futuro.
“En cualquier momento, a cinco, diez o veinte años, pueden tener recaídas que los obliguen a nuevas cirugías”, dijo.
Narró también el caso de un joven futbolista de fuerzas básicas del Atlético de San Luis, cuyo proyecto de vida quedó truncado esa noche.
“Su sueño era ser jugador profesional; ahora sigue jugando de manera recreativa, pero el camino que construía ya no será posible”.
Sobre el avance administrativo del caso, Infante detalló que esperan la entrega del expediente completo que la Contraloría del Estado está obligada a entregar por orden judicial.
La dependencia tenía diez días hábiles para cumplir, por lo que la documentación podría ser entregada la próxima semana. Ese expediente corresponde a la investigación interna del Gobierno del Estado sobre las condiciones del bar Rich antes del colapso.
Infante señaló que desean revisar si el expediente incluye las presuntas responsabilidades de funcionarios municipales y estatales que participaron en la supervisión y permisos del bar —Comercio Municipal, la Coordinación Estatal de Protección Civil, Gobernación y Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris)—, pues para las familias es importante que no haya exclusiones ni encubrimientos.
Frente al lento avance del caso —retrasado primero por peritajes y ahora por las rupturas en la defensa— Infante aseguró que no se detendrá.
“Ya perdí lo más querido en mi vida. No me van a intimidar. Cualquier padre que me escuche sabe que haría lo mismo”.
Finalmente, el padre insistió en que la responsabilidad no debe limitarse a los acusados directos. Llamó a que también se investigue la actuación de funcionarios estatales.
“La ley no debe aplicarse solo a Nancy N., Ulises N. y Francisco N. También deben responder funcionarios de Protección Civil, la Dirección de Gobernación y la Coepris. Estos hechos de corrupción no pueden quedar en la impunidad”.
