El Radar
Por Jesús Aguilar
El Eco Sordo de la Alerta
En San Luis Potosí, las cifras no son solo números; son la crónica fría de un dolor que se repite. Mientras los boletines oficiales hablan de planes, programas y mesas de seguridad, en las calles y los hogares la realidad es una bofetada: la violencia contra las mujeres es un monstruo endémico que se alimenta de la impunidad y la parálisis institucional. Cada feminicidio, cada agresión sexual, cada desaparición es un grito que resuena, pero el eco que vuelve es sordo, ahogado por el letargo de tres niveles de gobierno que parecen operar con un manual de simulación. La Alerta de Violencia de Género (AVG) no es un mecanismo de protección, sino una placa de mármol que recuerda que, aquí, la vida de una mujer tiene menos valor que el costo político de la inacción.
El Diagnóstico de una Herida Abierta
El diagnóstico de la violencia contra las mujeres en San Luis Potosí (SLP) es claro: es una crisis estructural y no una serie de incidentes aislados.
Si bien las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) pueden mostrar variaciones, la tendencia es innegable. Los feminicidios —la expresión más extrema de la violencia— se mantienen como un foco rojo persistente. Pero el horror no se limita al homicidio. Los reportes de violencia familiar, lesiones dolosas y agresiones sexualessaturan las agencias ministeriales, dibujando un panorama donde el peligro acecha, primordialmente, en el círculo más íntimo y familiar.
El contraste surge al escuchar a los colectivos de mujeres y activistas. Para ellas, las cifras oficiales son apenas la punta del iceberg de la cifra negra. Los colectivos denuncian:
• Invisibilización de Delitos: Casos de feminicidio que se registran como homicidios simples.
• Revictimización: Trato indolente y prejuicioso en las agencias del Ministerio Público.
• Desaparición de Mujeres: Una crisis silenciada, donde la búsqueda recae, casi exclusivamente, en las familias.
La versión oficial de “atención y seguimiento” se desmorona frente al reclamo permanente de justicia que las calles de la capital potosina y otros municipios ven marchar. La respuesta gubernamental es un muro de burocracia, donde la protección de la imagen institucional siempre parece más urgente que la protección de la vida de las ciudadanas.
El Foco en la Desconfianza Histórica
¿Por qué las mujeres potosinas no confían históricamente en que se les pueda hacer justicia? La respuesta está en la experiencia sistemática de impunidad. Una mujer que logra sortear el miedo y la culpa para denunciar, se topa con:
• Carencia de Perspectiva de Género: Funcionarios que cuestionan la veracidad del testimonio, preguntan por la vestimenta o la conducta de la víctima.
• Tardanza y Opacidad: Expedientes que se empolvan, medidas de protección que llegan tarde o nunca se implementan, y una falta de transparencia en los procesos.
Esta ineficacia no es casual; es el resultado de un sistema patriarcal que permea cada estructura de gobierno, desde el agente de policía hasta el alto funcionario.
El Patriarcado que Simula Avanzar
Aquí reside el núcleo de la crítica: el patriarcado simula avanzar y no lo hace. Se crean protocolos especializados, se inauguran centros de atención, se emiten comunicados con lenguaje incluyente, y se firman convenios internacionales. La puesta en escena es impecable. Sin embargo, la simulación se desvanece al examinar el fondo:
• Presupuestos Insuficientes: Los recursos asignados a la prevención y atención son ridículamente bajos o se ejercen con opacidad.
• Rotación Constante de Personal: Las áreas sensibles (como las Unidades de Atención a Víctimas) sufren cambios frecuentes, lo que impide la consolidación de la experiencia y el compromiso.
• Ausencia de Sanción a Funcionarios: El servidor público que revictimiza, que ignora o que obstaculiza la justicia, rara vez es sancionado con la contundencia necesaria.
La simulación es el mecanismo de defensa del sistema: se viste de progresista para acallar la crítica, pero en su esencia, sigue protegiendo al agresor y cuestionando a la víctima.
Un Llamado a la Acción Desde lo Privado
La objetividad y la crítica nos obligan a señalar que la respuesta del gobierno potosino —en sus tres niveles— es de un lento e inaceptable letargo. La voluntad política de enfrentar esta violencia con la seriedad que amerita no se vislumbra en la toma de decisiones, sino en los discursos de ocasión.
Pero si la justicia institucional ha fallado, la sociedad civil no puede seguir esperando. La transformación debe nacer desde el espacio que el Estado no puede fiscalizar: nuestros espacios privados.
El combate a la violencia de género debe empezar en casa. ¿Cómo nos preparamos y vivimos en familia, con amigos y en nuestros círculos cercanos?
• La Deconstrucción del Silencio: Es imperativo que padres e hijos, hermanos y parejas, hablen sobre el consentimiento, el respeto y la igualdad. Desterrar chistes machistas, comentarios misóginos y la normalización de las microviolencias.
• Educación Emocional: Enseñar a los niños y jóvenes a gestionar la frustración y la ira sin recurrir a la violencia o el dominio.
• La Red de Apoyo: Crear redes de confianza donde las mujeres de nuestro entorno (amigas, primas, compañeras) sepan que tienen un espacio seguro para hablar, ser escuchadas sin juicio y ser acompañadas a denunciar, si así lo deciden.
• Cero Tolerancia: El compromiso ético y moral es no ser cómplice por omisión. Si presenciamos o sabemos de un acto de violencia, no mirar hacia otro lado; el silencio es la alfombra que permite que el agresor camine con impunidad.
La justicia para las mujeres en San Luis Potosí no es solo una obligación del Estado; es una responsabilidad ética y social que nos interpela a todos. Es momento de dejar de ser testigos mudos de la tragedia y convertirnos en guardianes activos de la dignidad y la vida. La urgencia no espera más.
