Al menos 128 personas perdieron la vida y 79 resultaron heridas en el incendio que arrasó varios edificios de gran altura del conjunto residencial Wang Fuk Court, en el suburbio de Tai Po, en Hong Kong. El fuego se declaró la tarde del miércoles y se extendió con rapidez por siete de las ocho torres antes de ser apagado ya entrada la mañana del viernes, tras más de 40 horas de trabajo de los equipos de emergencia.
Las primeras investigaciones señalan que las llamas se propagaron con facilidad por las redes de obra y por materiales colocados en las fachadas durante unas renovaciones. Capas de poliestireno y láminas plásticas alrededor de las ventanas, junto con andamios de bambú, habrían favorecido un “efecto chimenea” que aceleró el avance del fuego entre pisos y entre bloques conectados.
Las autoridades han detenido a ocho personas vinculadas a las obras de restauración: dos jefes de obra, responsables de la oficina a cargo de la renovación, tres subcontratistas encargados del andamiaje y un intermediario, todos entre 40 y 63 años. La Comisión Independiente contra la Corrupción abrió además una investigación sobre los contratos y los posibles sobrecostos en las obras.
Bomberos y policía informaron que las temperaturas dentro del incendio alcanzaron niveles extremos, cerca de 500 ºC, lo que obligó a suspender en varios momentos las tareas de rescate y dificultó la recuperación de cuerpos. Al cierre del reporte, 16 personas permanecían aún dentro de los edificios sin poder ser sacadas por riesgo de derrumbe y otros 89 fallecidos no habían sido identificados.
Vecinos y supervivientes han contado escenas de pánico. Algunos residentes dijeron que no escucharon las alarmas contra incendios y que muchos detectores no funcionaban correctamente; incluso se ha denunciado que algunos aparatos fueron desactivados por trabajadores para evitar falsas alertas durante las obras. Testimonios recogidos por medios locales relatan que varios inquilinos se dieron cuenta del fuego cuando el humo ya entraba por las ventanas.
Más de 2,300 bomberos participaron en las labores de extinción y salvamento en Wang Fuk Court, un conjunto construido en 1983 con cerca de 2,000 apartamentos que alojan a unas 4,600 personas. La población del complejo es mayoritariamente adulta y se estima que casi el 40% de los habitantes tiene más de 65 años, lo que complicó la evacuación y aumentó la vulnerabilidad de los afectados.
Las familias desplazadas han sido atendidas en centros habilitados por el gobierno, donde reciben apoyo médico y psicológico. En los albergues provisionales, decenas de personas esperan noticias de sus seres queridos y entregan fotos y documentos para ayudar en la identificación de víctimas. Voluntarios y organizaciones reparten ropa, agua y artículos de higiene entre los damnificados.
El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, prometió una “investigación exhaustiva” y anunció inspecciones en todas las urbanizaciones que están en obras para revisar la seguridad de andamios y materiales. Las autoridades estudian limitar el uso de andamios de bambú en fachadas altas y reforzar las normas sobre materiales ignífugos.
Grupos que apoyan a trabajadores migrantes confirmaron la muerte de al menos dos empleadas domésticas que vivían en el complejo y alertaron sobre compañeros aún desaparecidos. Entre los testimonios directos, una trabajadora indonesia relató el miedo y la angustia de no poder localizar a varias amigas tras escapar del edificio.
Las críticas públicas se han intensificado tras difundirse antiguas quejas vecinales sobre tarifas de renovación elevadas y el uso de materiales presuntamente combustibles. Expertos en seguridad contra incendios ya advirtieron que esa combinación de factores podía convertir una obra en un riesgo grave para los residentes.
