El Radar
Por Jesús Aguilar
El caso del antro Rich en San Luis Potosí, marcado por la fatalidad del 7 de junio de 2024, no es solo la historia de un colapso estructural. Es la radiografía de una negligencia sistémica que, más de un año después, sigue cobrando víctimas a través de la impunidad y, lo que es más lacerante, la revictimización institucional.
La tragedia que costó la vida a Manuel Alejandro Infante Puente y Roy Fernando Ávalos Sánchez, y dejó heridos a una docena de jóvenes, ha transitado de ser un accidente evitable a un claro ejemplo de cómo el aparato gubernamental evade la rendición de cuentas.
Recuento Histórico: El Colapso de la Irresponsabilidad
La noche del 7 de junio de 2024, la Plaza Alttus se convirtió en el escenario de un desastre predecible. El colapso de un barandal de cristal desde un tercer nivel se produjo ante la sobrecarga generada por la promesa de una presentación del influencer Kevin Moreno. Cientos de jóvenes, muchos de ellos menores de edad, se agolparon en un espacio limitado, en un evento que, por su magnitud, nunca debió celebrarse en esas condiciones.
El saldo fue trágico: dos jóvenes fallecidos y múltiples lesionados con secuelas permanentes. En la narrativa inmediata, las autoridades municipales y estatales ofrecieron la versión de que el establecimiento Rich operaba de manera clandestina o con permisos irregulares, lo que justificó la detención de tres personas (dueños y organizadores de bajo nivel) como presuntos responsables.
Sin embargo, desde el inicio, la voz de los padres de las víctimas, encabezados por Juan Ramón Infante Guerrero, resonó con una exigencia clara: la tragedia fue causada por la corrupción.
El Rich, operando bajo la fachada de un restaurante bar, funcionó con un aforo rebasado, vendiendo alcohol a menores y sin las más mínimas medidas de protección civil. El centro de la crítica se instaló rápidamente en la cadena de funcionarios públicos que, por acción u omisión, permitieron que un lugar de tan alto riesgo operara a la vista de todos.
La Nueva Ofensiva Institucional: Revictimizar para Evadir
A más de un año de los hechos y con el proceso judicial estancado en la lentitud y las negociaciones, la reciente nota publicada por Astrolabio destapa una nueva y vergonzosa fase: la revictimización oficial.
El núcleo de esta nueva denuncia reside en el Oficio PCM/DJ/341/2024 de la Dirección de Protección Civil Municipal, el cual afirma que uno de los menores fallecidos ingresó al lugar “por propia voluntad” y que los jóvenes afectados “no midieron el riesgo”.
Esta postura, difundida más de un año después, no es un error administrativo, sino una estrategia institucional que busca trasladar la culpa a los jóvenes y a sus familias, eximiendo a la estructura gubernamental de su responsabilidad ineludible.
El Contraste de los Permisos
La objeción de las familias es contundente y objetiva: si el primer respondiente argumentó inicialmente que el Rich era clandestino para justificar su inacción, la evidencia que poseen demuestra lo contrario. El establecimiento sí contaba con licencias provisionales obtenidas en 2022 y 2023, firmadas por altos funcionarios de Gestión Territorial y Catastro (Joel Ramírez Díaz) y Comercio Municipal (Jorge García Medina) de la administración en turno.
El Rich no era clandestino. Operaba con la venia y el conocimiento del Ayuntamiento.
Este contraste desmorona la narrativa oficial y exhibe un patrón de mentira institucional. Culpar a los padres por “permitir” la asistencia es inaceptable cuando fue la autoridad municipal quien otorgó los permisos, realizó inspecciones laxas y permitió que el lugar operara sin control, bajo una fachada que ocultaba la verdadera naturaleza de un antro para eventos masivos.
La Profundidad de la Omisión: El Círculo Estatal y Municipal
La tragedia del Rich es la manifestación de una corrupción horizontal que toca a diversos niveles de gobierno. Los señalamientos de las familias no solo apuntan al Ayuntamiento, sino también a dependencias estatales con poder de supervisión y sanción que mantuvieron el silencio:
• Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC): Acusada de mantener una actuación poco clara.
• Dirección de Gobernación: Mencionada por permitir la operación del establecimiento y con un anuncio súbito hace apenas unos días de cambio total de personal sin decir absolutamente del porqué.
• COEPRIS: Señalada por su falta de vigilancia sanitaria y de riesgos.
La “limpia” anunciada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos tras el incidente, con la separación tardía de funcionarios clave, sirvió, pero no abordó la raíz del problema. La denuncia de las familias apunta a que la estructura de impunidad sigue intacta, protegida por posibles conflictos de interés y una falta de voluntad política para reconocer la cadena de fallas que permitió la operación negligente del bar.
En suma, el caso Rich no es un capítulo cerrado. Es un proceso judicial en curso que está demostrando que la justicia no avanza a la misma velocidad que el olvido y que el Estado, lejos de garantizar la verdad y la reparación, opta por la salida fácil de culpar a sus víctimas. La columna periodística solo puede concluir con una certeza: la única reparación que honraría a las víctimas es el reconocimiento real de las fallas institucionales y la persecución de los funcionarios de alto nivel que, con sus firmas o su silencio cómplice, hicieron de la plaza Alttus una trampa mortal.
