Desde el 2 de septiembre, el Gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo al menos 22 ataques contra lanchas en el Caribe, bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas. Estas acciones han generado fuertes tensiones diplomáticas con Venezuela y han provocado la militarización de una zona cercana a su frontera. Según reportes oficiales, los ataques han dejado al menos 87 personas fallecidas.
Ante la falta de información pública sobre estas operaciones, organizaciones como el Centro para los Derechos Constitucionales, la ACLU y su filial en Nueva York decidieron presentar una demanda ante una corte federal en el distrito sur de Nueva York. Las agrupaciones acusan que el Gobierno de Donald Trump ignoró su solicitud formal para que se transparentaran los motivos legales detrás de estos ataques.
El punto central de la demanda es obligar a que se haga pública una opinión jurídica de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia. Este documento, hasta ahora reservado, sería el que supuestamente respalda los ataques como acciones válidas dentro de un supuesto “conflicto armado” con cárteles de drogas que no han sido identificados oficialmente.
De acuerdo con los grupos demandantes, la opinión legal podría tener el propósito de proteger de responsabilidades penales a quienes ordenaron o participaron directamente en los operativos, ya que sin ese respaldo los hechos podrían considerarse homicidios. Aunque la Administración de Trump no ha difundido el documento, sí permitió que algunos miembros del Congreso lo revisaran de manera restringida a mediados de noviembre.
Los representantes de las organizaciones señalan que el público tiene derecho a conocer la base legal de estas acciones militares. Además, criticaron que la negativa a transparentar la información refleja una postura que ignora la importancia de la rendición de cuentas, los derechos humanos y el respeto al Estado de derecho.
