Por Mario Candia
16/12/25
SOLO MUJERES La reforma electoral aprobada en fast track por el Congreso de San Luis Potosí, que establece que en 2027 solo mujeres podrán competir por la gubernatura, se ha querido vender como un avance histórico en materia de paridad. Sin embargo, detrás del discurso progresista se asoma una realidad mucho más pedestre: una maniobra política construida a base de pragmatismo, urgencias y acuerdos inconfesables.
IGUALDAD El proyecto, impulsado desde el CEEPAC, nació viciado no solo por su apresuramiento, sino por su diseño: confunde la paridad con la exclusión. La igualdad sustantiva no consiste en cerrar la competencia, sino en abrirla; no en imponer candidaturas, sino en garantizar condiciones reales para que mujeres y hombres puedan competir en igualdad de circunstancias. Convertir la gubernatura en una plaza reservada, por decreto, no fortalece la democracia: la estrecha.
CONSENSO Pero el verdadero escándalo no está solo en el contenido de la reforma, sino en cómo se aprobó. El dato es revelador y desmonta cualquier narrativa de consenso: los diputados de Morena —aliados naturales del gobierno estatal— votaron en contra. Es decir, el bloque oficialista no alcanzó por sí solo la mayoría calificada que la reforma requería. ¿La solución? Recurrir a la oposición.
INEVITABLE Y ahí ocurre lo verdaderamente interesante: los votos decisivos vinieron de Aranzazú Puente, diputada del PAN; de Sara Rocha, dirigente estatal del PRI; y de Marco Gama, líder de Movimiento Ciudadano. Tres partidos distintos, tres trayectorias políticas distintas, pero una coincidencia absoluta al momento de levantar la mano para salvar una reforma que el propio bloque gobernante no pudo aprobar con los suyos. La pregunta no es si estaban en su derecho de votar así. Legalmente, lo estaban. La pregunta —inevitable— es a cambio de qué.
NEGOCIACIÓN Porque en política nada relevante ocurre por generación espontánea, y menos cuando se trata de una reforma constitucional, votada con prisa, sin debate profundo y con una aritmética parlamentaria forzada. Cuando el oficialismo necesita a la oposición para sacar adelante una iniciativa estratégica, no se trata de convicción: se trata de negociación.
ADVERTENCIA La propia presidenta Claudia Sheinbaum ya puso el dedo en la llaga al cuestionar la constitucionalidad de la reforma y advertir que paridad no equivale a imposición. Las impugnaciones vendrán, y no serán pocas. El gobernador ha dicho que quien quiera impugnar “está en su derecho”. Lo que no ha dicho —ni dirá— es qué compromisos políticos se tejieron para lograr esos votos prestados.
A LA MEDIDA Así, la llamada “Ley Gobernadora” nace marcada por la sospecha. No como un avance genuino para las mujeres potosinas, sino como una ingeniería electoral hecha a la medida, aprobada con votos ajenos y con un aroma a transacción que nadie ha querido explicar. Porque cuando una reforma necesita disfraces discursivos, aliados circunstanciales y silencios estratégicos, el problema no es el género de quien gobernará, sino la calidad democrática de quienes hoy deciden.
Hasta mañana.
