Estados Unidos reforzó en las últimas semanas su presencia militar en el Caribe como parte de una estrategia enfocada en frenar la salida de petróleo venezolano, una medida que Washington ha definido como una “cuarentena” y no como un bloqueo formal. De acuerdo con funcionarios estadounidenses, esta acción busca aumentar la presión económica sobre el gobierno de Venezuela sin recurrir, por ahora, a una intervención militar directa.
El Pentágono mantiene desplegados más de 15 mil elementos en la región, junto con un portaaviones, once buques de guerra y aviones de combate. Aunque no todos estos recursos son utilizados para tareas de interdicción marítima, forman parte del mayor despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe en varias décadas, con el objetivo de respaldar la aplicación de sanciones.
En lo que va del mes, la Guardia Costera estadounidense ha interceptado dos petroleros cargados con crudo venezolano en aguas del Caribe. Además, autoridades de ese país se preparaban para una tercera incautación, esta vez contra un buque sancionado conocido como Bella-1. Estas acciones forman parte de una política que busca cortar una de las principales fuentes de ingresos del gobierno de Nicolás Maduro.
Funcionarios de la Casa Blanca señalaron que la prioridad actual es el uso de sanciones económicas como herramienta de presión. Según esta versión, el gobierno estadounidense considera que la situación económica de Venezuela podría agravarse en las próximas semanas si no se realizan concesiones, lo que aumentaría la presión interna sobre el liderazgo venezolano.
Aunque el presidente Donald Trump ha evitado detallar públicamente sus objetivos finales, en declaraciones recientes afirmó que sería “inteligente” que Nicolás Maduro dejara el poder. En privado, de acuerdo con fuentes citadas por agencias internacionales, el mandatario estadounidense ha insistido en esa salida como parte de su estrategia hacia Caracas.
Desde Venezuela, el embajador ante la ONU, Samuel Moncada, rechazó estas acciones y aseguró que el verdadero riesgo para la región proviene de Estados Unidos, no de su país. En el mismo sentido, expertos de Naciones Unidas condenaron la medida al considerar que la interdicción de petroleros puede interpretarse como un uso ilegal de la fuerza.
La Administración Trump ha justificado estas acciones al acusar a Venezuela de estar vinculada al tráfico de drogas, argumento que ha sido utilizado para reforzar operativos marítimos y autorizar actividades encubiertas. Sin embargo, organismos internacionales y defensores de derechos humanos han criticado estas medidas y advertido sobre posibles violaciones al derecho internacional.
