Luego de una investigación que se extendió por seis meses, un fiscal independiente en Corea del Sur solicitó una sentencia de 10 años de prisión contra el expresidente Yoon Suk Yeol, al considerar que planeó durante más de un año la imposición de la ley marcial para eliminar a sus adversarios políticos y concentrar el poder.
La petición fue presentada ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl por el equipo encabezado por la fiscal Cho Eun-suk, que acusa al exmandatario de obstrucción de funciones oficiales, abuso de poder, falsificación de documentos y destrucción de evidencias. Durante la audiencia, el investigador Park Eok-su calificó las acciones de Yoon como una obstrucción sin precedentes al funcionamiento del Estado.
Este caso es el primero de al menos siete procesos penales que enfrenta Yoon y que están vinculados tanto a la imposición de la ley marcial en 2024 como a otras conductas ocurridas durante su gobierno. El tribunal prevé emitir un veredicto a partir del próximo mes.
La crisis estalló cuando Yoon decretó la ley marcial, lo que provocó el despliegue de soldados armados en las calles de Seúl y generó la mayor inestabilidad política en décadas. La medida fue revocada horas después, luego de que legisladores lograron ingresar a la Asamblea Nacional y votaron para anular el decreto.
Tras esos hechos, el entonces presidente fue sometido a juicio político en diciembre de 2024 y finalmente destituido en abril, luego de un fallo del Tribunal Constitucional. Durante el proceso judicial, Yoon se atrincheró en su residencia y bloqueó por semanas los intentos de las autoridades para detenerlo, lo que generó temores de posibles enfrentamientos con su equipo de seguridad.
Entre las acusaciones también se señala que el exmandatario evitó convocar a una reunión obligatoria de gabinete antes de declarar la ley marcial, fabricó documentos oficiales —incluida la proclamación— y ordenó eliminar registros de comunicación entre los involucrados.
Yoon ha rechazado todos los cargos y sostiene que su decisión buscaba respaldo ciudadano frente al Partido Demócrata, al que acusa de bloquear su agenda y promover la destitución de funcionarios clave. Además, ha negado irregularidades en otros casos abiertos en su contra.
De manera paralela, el expresidente enfrenta procesos por presunta corrupción, tráfico de influencias y rebelión, este último considerado uno de los delitos más graves en Corea del Sur y castigado con cadena perpetua o incluso la pena de muerte. También es investigado por supuestamente ordenar vuelos de drones sobre Corea del Norte, manipular indagatorias oficiales y recibir favores políticos indebidos, acusaciones que igualmente ha negado.
