Mientras el debate sobre los vapeadores continúa activo en redes sociales y espacios públicos, el Congreso del Estado de San Luis Potosí abrió un nuevo frente legislativo al presentar una iniciativa de reforma constitucional que busca prohibir de manera total el uso, comercialización y distribución de cigarrillos electrónicos en la entidad.
La propuesta, impulsada por la diputada Diana Ruelas, plantea blindar desde la Constitución local el derecho a la salud, alineando el marco jurídico estatal con la legislación federal vigente, que desde hace varios años mantiene estos dispositivos fuera de la autorización sanitaria en México.
Las autoridades han advertido de forma reiterada sobre los riesgos asociados al uso de vapeadores, entre ellos daños al sistema respiratorio, afectaciones cardiovasculares y su creciente consumo entre adolescentes y jóvenes, sector considerado especialmente vulnerable ante la promoción de estos productos.
No obstante, la iniciativa ha generado reacciones encontradas. En redes sociales, algunos ciudadanos cuestionan la efectividad de una prohibición absoluta y advierten que podría fortalecer el mercado ilegal. “Prohibir algo así solo beneficia al comercio clandestino”, señaló un usuario, quien considera que la regulación podría ser una alternativa más viable. En contraste, otros respaldan la medida, aunque dudan de su aplicación real: “Qué bueno, solo falta que ahora sí lo hagan efectivo”.
El contexto nacional refuerza el alcance de la discusión. En 2021, el Gobierno Federal emitió una alerta sanitaria por el uso de vapeadores; en 2022 se decretó su prohibición a nivel nacional y, en 2024, se realizaron modificaciones a la Constitución Federal para reforzar estas restricciones, las cuales fueron avaladas por la mayoría de los congresos estatales.
Con esta iniciativa, San Luis Potosí busca consolidar ese marco desde el ámbito local. Aunque aún no hay una fecha definida para su votación, legisladores coinciden en que la reforma tiene como principal objetivo proteger a niñas, niños y adolescentes, quienes se han convertido en uno de los principales mercados de estos dispositivos.
El reto, advierten analistas y ciudadanos, será traducir la prohibición constitucional en políticas públicas efectivas que realmente reduzcan el consumo y los riesgos a la salud, sin generar incentivos para la clandestinidad. La discusión apenas comienza, pero deja en evidencia la tensión entre la intención legal y la compleja realidad social.
