El proceso judicial contra Hernán ‘N’, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, continúa avanzando y el cerco financiero en su entorno familiar permanece intacto. Una jueza federal determinó que las cuentas bancarias de su esposa y su hija seguirán bloqueadas, luego de negarles la suspensión definitiva con la que buscaban recuperar el acceso a sus recursos.
Esta decisión se suma a otra resolución emitida durante el fin de semana, cuando la misma juzgadora también rechazó liberar las cuentas personales del exfuncionario, conocido como “El Abuelo”. Las autoridades federales lo señalan como presunto líder del grupo criminal La Barredora, lo que mantiene bajo fuerte vigilancia todas sus operaciones financieras.
El bloqueo de las cuentas fue ordenado desde julio por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Según las autoridades, se detectaron movimientos financieros irregulares, transferencias atípicas y posibles esquemas de simulación fiscal relacionados con el exmando policial, sus empresas, socios y familiares.
Ante esta situación, la esposa y la hija de Hernán ‘N’ promovieron un juicio de amparo en septiembre pasado ante el Juzgado Primero de Distrito en Tabasco. En su demanda reclamaron su inclusión en la lista de personas bloqueadas del sistema financiero y la inmovilización de sus cuentas, pero la jueza Sandra Adriana Carbajal Díaz resolvió no otorgarles la protección federal solicitada.
Aunque la defensa ya impugnó esta resolución, el caso ahora será analizado por un Tribunal Colegiado, que deberá decidir si confirma o modifica el fallo. Mientras tanto, las medidas cautelares seguirán vigentes y el bloqueo de los recursos no será levantado.
En paralelo, Hernán ‘N’ permanece en prisión preventiva en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano. Un juez de control del Poder Judicial de Tabasco amplió recientemente el plazo de la investigación complementaria en su contra por delitos como asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión.
El Ministerio Público tendrá hasta el próximo 24 de marzo para reunir y presentar las pruebas que respalden la acusación, plazo que también utilizará la defensa para intentar desacreditar los señalamientos de la Fiscalía estatal.
