El posible incremento a la tarifa del transporte público en San Luis Potosí vuelve a encender la inconformidad ciudadana, luego de que concesionarios han planteado que el pasaje llegue hasta los 15 pesos. Para el activista David Reyes Medrano, del Colectivo Praxis Combativa, frenar este ajuste no será sencillo, aunque todavía existen mecanismos legales y sociales para intentar impedirlo.
El integrante del colectivo señaló que, si la autoridad autoriza un aumento que no esté sustentado en la ley, se recurrirá nuevamente a la denuncia pública y a la presión social. Advirtió que ya se analiza la posibilidad de promover más juicios de amparo, aun cuando reconoció que estos procesos suelen ser largos, desgastantes y poco efectivos, pues cuando se emite una resolución, el aumento ya fue aplicado o incluso sustituido por uno nuevo.
Reyes Medrano recordó que el año pasado su organización interpuso recursos legales contra el incremento aprobado, al considerar que no se calculó con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), como lo marca la ley, sino bajo criterios que favorecieron a los concesionarios. Sin embargo, dichos amparos quedaron detenidos en el Poder Judicial del Estado, sin una resolución clara, lo que en la práctica permitió que la tarifa se mantuviera vigente.
Esa falta de respuesta judicial, dijo, generó frustración entre los activistas, ya que el tema terminó archivado sin que se analizara a fondo la legalidad del aumento. A su juicio, esta situación sentó un precedente negativo que hoy complica cualquier intento de frenar un nuevo ajuste al pasaje.
Más allá del costo, el activista insistió en que el debate central debe enfocarse en el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios. Señaló que el aumento anterior superó en aproximadamente 50 centavos lo que realmente correspondía por inflación, lo que representó un alza muy por encima de lo permitido. Además, recordó que existen unidades con más de 10 años de antigüedad circulando, pese a que la normativa establece límites claros para acceder a incrementos tarifarios.
También destacó que los usuarios enfrentan diariamente diversas irregularidades en el servicio, como sobrecupo, exceso de pasajeros de pie, falta de cámaras de vigilancia y ausencia de botones de pánico, elementos básicos para la seguridad. Subrayó que estas no son exigencias extraordinarias, sino requisitos establecidos en la ley que, de no cumplirse, deberían impedir cualquier aumento en la tarifa.
Finalmente, David Reyes Medrano llamó a la población a no normalizar estas fallas, a documentarlas y denunciarlas. Consideró que, aunque la intervención de instancias como el Congreso del Estado es limitada, la presión ciudadana, la exposición pública y el uso de recursos legales siguen siendo herramientas clave para intentar frenar decisiones que, desde su perspectiva, benefician reiteradamente a los concesionarios y afectan a los usuarios del transporte público.
