EL RADAR
Por Jesús Aguilar
La UASLP no es un “sector” más del presupuesto. Es la columna vertebral de la educación superior pública en San Luis Potosí, con 33,395 estudiantes y presencia en las cuatro regiones del estado.
Y, sin embargo, su estabilidad financiera sigue dependiendo de un hábito que en San Luis se ha normalizado: pagar tarde, pagar a abonos, y negociar lo que no debería negociarse.
La fotografía que circula internamente —y que hoy ya es insostenible— es concreta: en el ejercicio 2024 quedó registrado un pendiente por recibir de subsidios del convenio por 171.840 millones de pesos.
No es “un desfase administrativo”: es un boquete que obliga a la Universidad a cubrir compromisos con recursos propios, a patear inversiones, a tensar el gasto corriente. Y cuando una universidad opera con margen mínimo, el siguiente paso es siempre el mismo: ajustar donde más duele, en la docencia por horas y en la capacidad real de atender a su matrícula.
La parte más grave está en el calendario: si los temas clave del convenio (federación–estado) no se aterrizan con cumplimiento real en el primer semestre de 2026, la UASLP entra otra vez en zona de riesgo de déficit operativo. Y eso, en la vida universitaria, se traduce rápido: recortes silenciosos, precarización y el retorno del fantasma que nadie quiere nombrar: la crisis por nómina.
La asimetría: San Luis aporta poco, y eso sí es política pública
En el financiamiento ordinario de las universidades públicas estatales (UPES) hay asimetrías documentadas, y San Luis aparece en el tramo bajo: la UASLP está en el grupo de instituciones donde el peso del apoyo estatal es comparativamente menor.
¿Se quiere una cifra que no se pueda maquillar? Para 2026, el propio presupuesto aprobado por el CDU proyecta ingresos por 3,996 millones, con una aportación estatal de 506 millones (y el resto repartido entre aportación federal y recursos propios).
La aritmética política es simple: cuando el componente estatal es bajo o incierto, cualquier retraso se vuelve crisis, porque la UASLP no puede improvisar: el gasto educativo es, mayoritariamente, gasto en personas.
Y ahí está otra verdad incómoda que la presentación pone sobre la mesa: el presupuesto universitario es un presupuesto de operación esencial. La UASLP, como todas las UPES, no vive de “lujos”: vive de salarios, cargas contractuales y mantenimiento mínimo para que la maquinaria educativa no se detenga.
Auditoría sí: pero no como garrote de campaña
Hay un punto que conviene decir con claridad —y además te blinda en el debate electoral—: la Universidad sí debe ser auditada.
Y sí lo es. La UASLP presenta cuenta pública, reporta recursos federales e ingresos propios y es auditada conforme al origen de los recursos; además, sus estados financieros son dictaminados legalmente por un despacho externo con aval de la autoridad anticorrupción.
Esto importa por una razón política: la auditoría no puede ser el pretexto para justificar el impago. La fiscalización es obligación; el cumplimiento del convenio, también.
El problema real: falta un operador que amarre un acuerdo serio
En este punto, la discusión deja de ser contable y se vuelve política: San Luis necesita un mejor acuerdo con el gobierno estatal y con la federación, y necesita —sobre todo— un operador eficaz que entienda que el convenio no es un trámite; es un mecanismo de estabilidad social.
Con una comunidad de más de 33 mil alumnos, la UASLP no puede depender de “buena voluntad” mensual. Requiere una ruta de ministraciones verificable, con control de calendario, y un esquema de cumplimiento que evite la extorsión burocrática del “pongo peros y luego pago”. Es cosa de googlear el tema para revisar cómo se condicionó o matizó pagos pendientes, en una narrativa que suena más a negociación política que a cumplimiento institucional.
Después que la actual Rectoría ha dado un primer paso al visibilizar la situación real de manera adecuada, ahora tendría que encontrar quien haga el trabajo fino de operar en Palacio de Gobierno y Palacio Nacional un rescate real y un amarre que de seguridad a toda la comunidad universitaria.
La cúpula de la Uni no puede por si sola resolver el entuerto, pero lo que si tiene en su propia decisión hacer lo que como médico Zermeño sí conoce bien, una cirugía fina en negociación y gobernabilidad, no basta con tener el cargo para Federico Garza, o resuelve esto o debe renunciar; se requiere capacidad probada para resolver crisis y todos sabemos lo que está en juego.
¿Debe el Rector tomar la decisión antes de seguir perdiendo más tiempo? Lo más probable es que sí, pero si le falta un pretexto para poner a su principal alfil en una prueba de supervivencia es esta, aunque debe de darse con un plazo práctico rápido porque esperar a sus tiempos y formas parece una contundente derrota anunciada.
La agenda reciente —paro estudiantil y crisis de gobernanza— exhibió lo delicado de la operación universitaria en los momentos de máxima presión. Y con esto se exhibieron los alcances reales de Garza Herrera.
En otras palabras: el problema no es solo el dinero. Es quién lo gestiona, quién lo defiende, quién lo amarra y quién logra que deje de ser rehén del calendario político.
171 millones de razones…
171 millones no son una cifra abstracta: son horas-clase, grupos abiertos o cerrados, carga de trabajo docente y calidad educativa real. San Luis puede seguir jugando a la administración del conflicto… o puede, por fin, tratar a su Universidad como lo que es: infraestructura estratégica del estado.
Lo que está en riesgo en 2026 no es un número en una hoja de cálculo: es la estabilidad académica de la institución pública más relevante de San Luis Potosí.
Y cuando una universidad entra en modo supervivencia, lo primero que se sacrifica no es el discurso: se sacrifica el aula.
