Desiree Madrid
El descontento entre trabajadores del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” volvió a aflorar en la antesala de la asamblea ordinaria convocada por el sindicato para el próximo 23 de enero, en un contexto marcado por atrasos en pagos, pérdida gradual de prestaciones y una percepción extendida de abandono por parte de su representación gremial.
Una trabajadora del hospital, que solicitó mantenerse en el anonimato, resumió el sentir de buena parte del personal al afirmar que “nos sentimos abandonados porque vemos que el sindicato no nos apoya como a nosotros nos gustaría”.
En su testimonio, la trabajadora recordó que los derechos laborales dentro del Hospital Central no han sido producto de gestiones automáticas ni de buena voluntad institucional, sino del desgaste constante del personal.
“Desde hace muchos años, para tener beneficios económicos, sobre todo que paguen las prestaciones a tiempo, aumentos de salario, bonos navideños, siempre hemos tenido que gestionar, que hacer plantones, que cerrar las floretas, marchar por las calles”, relató, al señalar que históricamente sólo mediante presión directa se lograban respuestas.
Uno de los señalamientos más reiterados es el papel del sindicato en la firma de acuerdos que, según los trabajadores, quedan sólo en el papel.
“El actual sindicato se la pasa haciendo acuerdos que no se cumplen, disculpando al patrón porque ya lo gestionamos, porque ya hicimos una minuta, y llega la fecha de la minuta y no se cumple”, explicó.
Para ella, esta dinámica genera impotencia, desaliento y una creciente división interna entre el personal, alimentada por rumores y la falta de información clara.
La trabajadora ubicó esta problemática dentro de un proceso más amplio de deterioro institucional. En en el pasado, el hospital contaba con una junta de gobierno integrada por los tres niveles de gobierno y actores privados, lo que permitía mayor margen de gestión.
“Antes recibíamos apoyo de la población porque sabía que estábamos luchando por un bien para nosotros como personal y para poder brindar un buen servicio”, dijo.
En contraste, afirmó que hoy las protestas suelen generar rechazo social y que incluso hay temor a represalias dentro del propio hospital.
En este contexto se difundió la convocatoria a la asamblea ordinaria del sindicato, programada para el 23 de enero en las instalaciones del Hospital Central. Aunque estos encuentros deberían servir para rendir cuentas y atender inconformidades, la trabajadora expresó dudas sobre su efectividad.
“Deberíamos esperar aclaraciones, información; desgraciadamente el sindicato lo único que dice es que los que tengan dudas se presenten en su oficina sindical”, comentó. Sin embargo, aunque las asambleas se realizan, los pendientes se acumulan y los problemas estructurales permanecen sin resolverse.
Entre los ejemplos concretos del retroceso en prestaciones, la trabajadora mencionó el tema de los uniformes, los cuales durante años se entregaban completos al personal, mientras que recientemente se sustituyó esa prestación por un depósito económico que considera insuficiente.
“El año pasado se nos depositaron mil pesos para la compra de uniformes, creo que eso no es suficiente; otros años se nos proporcionaban los uniformes, y ahora consideran que con mil pesos debemos comprarlos”, señaló.
Añadió que incluso hubo al menos dos años previos en los que no se entregó nada, ni en especie ni en efectivo.
La entrevistada subrayó que la afectación no se limita al ámbito laboral, sino que también ha impactado el prestigio y funcionamiento del hospital.
“Antes éramos una de las instituciones más reconocidas a nivel nacional, tanto el Hospital Central como la Escuela de Medicina”, recordó, al señalar que ese reconocimiento se ha perdido no sólo en lo laboral, sino también en la atención médica, la formación académica y la permanencia de especialidades y médicos con trayectoria.
En medio de este escenario, el Hospital Central difundió recientemente un boletín institucional en el que asegura que existe certeza laboral para el personal y que los pagos de prestaciones están garantizados. También se afirma que hay estabilidad financiera y que los compromisos con los trabajadores serán cubiertos conforme a lo programado.
Sin embargo, el testimonio de la trabajadora contrasta con ese mensaje oficial, al señalar que los pagos, aun cuando llegan, lo hacen fuera de los tiempos acordados.
Sobre el bono de Reyes y el aguinaldo, la trabajadora explicó que el problema no es únicamente si se paga o no, sino el incumplimiento de las fechas establecidas en minutas previas.
“El bono de Reyes sí se entregó, pero hasta el día 10, cuando la minuta estaba para el día 6”, dijo. En cuanto al aguinaldo, recordó que durante años se pagó en dos partes en noviembre y diciembre, pero que este año, pese a existir un acuerdo, no se respetó y el sindicato no exigió su cumplimiento.
Para la entrevistada, esta práctica de pagar “al límite” se ha normalizado como una forma de abuso. “Todo siempre es en el último minuto de la última hora”, señaló, al explicar que los depósitos suelen reflejarse hasta entrada la tarde, cuando ya no hay instancias a las cuales reclamar.
A su juicio, el personal no está pidiendo privilegios, sino el pago oportuno de derechos ya devengados tras meses y años de trabajo.
Finalmente, sostuvo que la asamblea del 23 de enero se realizará en un clima de hartazgo acumulado, donde muchos trabajadores sienten que han perdido no sólo prestaciones, sino también la capacidad de alzar la voz sin temor.
“Cada día nos sentimos más abandonados, más desprotegidos”, concluyó, al advertir que mientras los discursos oficiales hablen de certeza y estabilidad, la experiencia cotidiana del personal sigue marcada por la incertidumbre.
