Eliminar el costo del trámite de titulación profesional es el objetivo de una iniciativa presentada en el Congreso del Estado por la diputada Sara Rocha Medina, quien busca que las y los egresados de universidades públicas puedan obtener su título sin realizar ningún pago, siempre que cumplan con ciertos requisitos académicos.
La propuesta plantea una reforma a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí para que el Estado garantice la gratuidad total en la expedición del título profesional a estudiantes de instituciones públicas de educación superior que hayan obtenido un promedio general mínimo de 8.0 y que no cuenten con sanciones académicas o disciplinarias durante su formación.
En su exposición de motivos, la legisladora sostiene que el cobro por titularse representa una barrera económica que afecta directamente el derecho a la educación. Subrayó que esta medida debe entenderse como un acto de justicia educativa, ya que permitiría a más jóvenes incorporarse al mercado laboral formal y fortalecer el desarrollo económico y social.
Datos citados por la diputada, provenientes del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), indican que solo alrededor del 50 por ciento de los universitarios logra titularse, siendo el factor económico una de las principales razones. Este fenómeno, conocido como “desfase de titulación”, genera una pérdida de capital humano y limita las oportunidades profesionales de miles de jóvenes.
El impacto del costo se refleja en universidades públicas del estado, donde el trámite puede representar un gasto considerable. En la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, el proceso de titulación puede costar cerca de 5 mil pesos, mientras que en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí los montos pueden ir de los 5 mil a los 10 mil pesos, cantidades que para muchas familias equivalen a varios meses de ingreso.
La iniciativa también establece que quedaría prohibido cualquier cobro, cuota o requisito económico relacionado directa o indirectamente con la obtención del título profesional, con el fin de evitar prácticas que busquen evadir el principio de gratuidad.
El proyecto fue turnado a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, donde será analizado antes de continuar su proceso legislativo.
