El Radar
Por Jesús Aguilar
Desde que en 2017 se creó el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en San Luis Potosí, observadores y análisis críticos han señalado que opera más como una puesta en escena que como un instrumento efectivo de control y rendición de cuentas. Las instituciones involucradas cumplen formalismos —poner actas disponibles, celebrar sesiones— pero rara vez con verdadera apertura, publicidad o resultados tangibles.
Este patrón no es aislado. En evaluaciones comparadas del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), expertos han diagnosticado un fenómeno similar: resistencia institucional, simulación normativa y resultados simbólicos que no se traducen en sanciones reales ni en mayor transparencia.
La simulación ya no es excepción, sino regla operativa en los sistemas anticorrupción —no solo local sino nacional.
Los indicadores formales se cumplen… pero ¿para qué?
El SEA “cumple” con la ley en términos numéricos: se documentan sesiones, se publican algunas actas, se elaboran informes. Pero dos detalles reveladores emergen:
• Retrasos en la publicación, con documentos que tardan meses en aparecer o no se difunden en plataformas públicas.
• Sesiones privadas que se anuncian a posteriori por redes sociales y con informes genéricos sin sustancia.
En otras palabras, existe cumplimiento formal, pero escasa funcionalidad real.
El “cumplimiento de trámite” se usa como sustituto de cumplimiento de propósito.
La participación institucional: presente en papel, ausente en hechos
El Comité Coordinador del SEA reúne a seis órganos públicos clave (Contraloría, Fiscalía Anticorrupción, Poder Judicial, etc.), además de la representación ciudadana. Pero las asistencias son desiguales, dispersas o incluso inexistentes en varias sesiones.
En condiciones normales, un sistema anticorrupción serio exige cooperación institucional sostenida. Aquí, se percibe más bien obstrucción pasiva, desinterés y ausencia de liderazgo colectivo.
La simulación no es solo procedural, sino organizacional.
Transparencia parcial como cobertura, no como política
Aunque algunos informes anuales están en la Plataforma Estatal de Transparencia, otros órganos no han publicado sus obligaciones completas, y la integración de la plataforma 3de3 sigue siendo una asignatura pendiente.
Un sistema anticorrupción efectivo requiere, además de existencias jurídicas, mecanismos visibles y verificables para que la ciudadanía pueda monitorear y evaluar resultados. En este caso, ni siquiera el estándar mínimo de acceso público se cumple con rigor.
La transparencia funciona más como maquillaje legalizante que como herramienta de control.
La simulación tiene costos políticos crecientes
La acumulación de estos patrones —cumplimiento ritual, inasistencia institucional, publicaciones tardías o incompletas— genera un efecto acumulativo de incredulidad pública. La corrupción deja de percibirse como problema a enfrentar y se convierte en norma tolerada por la élite política.
Este fenómeno no es exclusivo de San Luis Potosí. En muchos sistemas anticorrupción estatales y federales, la percepción de “simulación” ha sido confirmada por especialistas que describen al SNA como un esquema que, en la práctica, ha sido resistido por actores públicos y reducido a formalismos, pese a estructuras legales robustas.
La simulación se alimenta de ciclos de impunidad, ausencia de sanción real y complacencia institucional.
La bomba de tiempo hacia 2027
Con la sucesión de autoridades estatales y municipales de 2027 en el horizonte, este patrón tiene implicaciones explosivas:
• Los sistemas anticorrupción no robustecidos no podrán constituir contrapesos efectivos frente a eventuales prácticas irregulares en procesos de transición.
• Las narrativas de rendición de cuentas quedarán reducidas a retórica de campaña, sin anclaje en prácticas verificables.
• El desprestigio acumulado puede transformar herramientas originalmente diseñadas para controlar el poder en mecanismos de manipulación informativa.
El problema no es una falla coyuntural, sino un riesgo sistémico que condiciona la credibilidad e integridad de la gobernanza pública.
La historia reciente del Sistema Estatal Anticorrupción —desde su origen hasta su operación actual— no solo muestra formalidad legal sin sustancia, sino un patrón persistente de simulación instituida que mina la confianza de la ciudadanía y debilita los contrapesos políticos de cara a 2027. Si no se transforma esta lógica, el riesgo no será solo reputacional: será estructural.
