La compra de camionetas de lujo para ministros y ministras de la Suprema Corte volvió a encender el debate sobre la austeridad en la llamada Cuarta Transformación. Aunque el discurso oficial insiste en reducir privilegios, distintas decisiones recientes muestran una distancia clara entre lo que se promete y lo que realmente se gasta con recursos públicos.
Uno de los casos más recientes es la renovación del parque vehicular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La institución justificó la adquisición por razones de seguridad, pero optó por camionetas tipo Jeep Grand Cherokee, con precios que superan el millón de pesos por unidad. Diversas cotizaciones señalan costos que van desde poco más de un millón hasta casi un millón 800 mil pesos, lo que generó críticas por el contraste con el discurso de austeridad.
Este gasto llamó aún más la atención porque, apenas en septiembre de 2025, el ministro presidente Hugo Aguilar aseguró que no podía haber justicia con privilegios y anunció un plan de austeridad. Sin embargo, los ministros continúan contando con vehículos de alta gama, asistentes y equipos tecnológicos financiados con dinero público, además de un salario neto que supera los 137 mil pesos mensuales.
Pero la polémica no se limita al Poder Judicial. En el Senado de la República también se han documentado incrementos importantes en el gasto, especialmente en el rubro de alimentos y cafetería. De acuerdo con reportes periodísticos, el presupuesto destinado a este servicio creció de manera considerable, alcanzando cifras que, al cierre del año, representaron alrededor de 25 millones de pesos pagados con recursos públicos.
A esto se suman los viajes internacionales de legisladores, con boletos de avión que han alcanzado costos superiores a los 100 mil pesos por persona, sin contar viáticos. Estos traslados han sido señalados como ejemplos de un supuesto “turismo parlamentario”, pese a que en distintos momentos se ha prometido poner freno a este tipo de gastos.
En la Cámara de Diputados, el tema salarial también ha generado inconformidad. Aunque durante campañas se prometió reducir los sueldos, en años recientes se realizaron ajustes que permitieron incrementos en los ingresos mensuales de diputadas y diputados, tanto por salario como por apoyos adicionales.
El Senado tampoco se ha quedado atrás en este rubro. Tras haber reducido su dieta en años anteriores como parte del discurso de austeridad, los legisladores aprobaron incrementos graduales que llevaron sus percepciones mensuales a niveles superiores a los 130 mil pesos, sin contar otras prestaciones.
En conjunto, estos casos han alimentado la percepción de que la austeridad, más que una política constante, se ha convertido en un discurso que no siempre se refleja en las decisiones presupuestales, especialmente cuando se trata de altos funcionarios y representantes populares.
