Un juicio federal en Manhattan marcará un punto clave en el caso contra Tal, Oren y Alon Alexander, tres hermanos empresarios acusados de operar durante más de una década una red de agresiones sexuales y tráfico de mujeres. Los fiscales señalan que los hechos ocurrieron entre 2008 y 2021 y que podrían enfrentar condenas de por vida si son declarados culpables.
De acuerdo con la acusación, los hermanos aprovechaban su posición económica y social para contactar a mujeres en clubes nocturnos, fiestas privadas y aplicaciones de citas. Posteriormente, las invitaban a viajes a destinos exclusivos, cubriendo vuelos y hospedaje en propiedades de lujo, donde presuntamente las drogaban y abusaban sexualmente de ellas. Las autoridades aseguran que varias agresiones incluso habrían sido grabadas en video.
Aunque públicamente eran conocidos por su estilo de vida ostentoso —viajes en jets privados, yates y residencias en zonas exclusivas como Miami, los Hamptons y la Fila de los Multimillonarios en Manhattan—, la fiscalía sostiene que esa imagen ocultaba un patrón sistemático de abuso. Dos de los hermanos se desempeñaban como corredores de bienes raíces de alto nivel, mientras que el tercero dirigía una empresa de seguridad privada con clientes de alto perfil.
Las investigaciones se intensificaron luego de que varias mujeres presentaran demandas civiles por conducta sexual inapropiada. Tras ello, los tres fueron arrestados en diciembre de 2024 y permanecen detenidos sin derecho a fianza. La audiencia de apertura del juicio fue reprogramada para esta semana debido a una fuerte nevada que afectó a Nueva York.
Los acusados se han declarado inocentes. A través de un portavoz, la familia Alexander negó categóricamente las acusaciones y afirmó que el gobierno no cuenta con pruebas físicas, registros médicos ni denuncias contemporáneas que respalden los señalamientos. La defensa sostiene que se trata de relaciones consensuadas que están siendo reinterpretadas como delitos.
Los abogados de los hermanos aseguran que demostrarán que los testimonios de las denunciantes son inconsistentes y poco confiables. Argumentan que la fiscalía ha exagerado encuentros sexuales consensuados para encuadrarlos dentro del delito federal de tráfico sexual, una postura que la jueza del caso rechazó al negarse a desestimar los cargos.
Por su parte, los fiscales afirman que presentarán evidencia para demostrar que los hermanos actuaron durante años con total impunidad, utilizando su poder económico para cometer abusos de manera reiterada. El juicio será seguido de cerca por la magnitud de las acusaciones y el perfil público de los acusados.
