El Radar
Por Jesús Aguilar
Hay alertas que parecen técnicas y aburridas, pero dicen más que mil discursos. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió un aviso por una “situación potencialmente peligrosa” en el Pacífico y Centroamérica, debido a operaciones militares y posibles interferencias al sistema satelital de navegación (GNSS): el GPS, el Galileo europeo, el GLONASS ruso y el BeiDou chino. Traducido al español llano: hay tecnología militar operando en nuestra región que puede afectar comunicaciones, vuelos y navegación.
La versión oficial mexicana fue tranquilizadora: “es solo para aerolíneas estadounidenses”. Puede ser cierto en lo administrativo. Pero en lo real, las ondas no respetan fronteras. Si hay interferencia satelital, afecta a todos los que vuelan, navegan o se comunican en esa zona. Y eso solo se usa en contextos de conflicto o preparación de operaciones militares.
Aquí viene lo delicado.
En Washington se habla —off the record, pero cada vez con menos pudor— de acciones directas contra tres objetivos en México: uno en Baja California, otro en Mazatlán y un tercero ligado al paradero de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero el giro estratégico no sería solo ir por un capo, sino golpear las redes de lavado de dinero, especialmente las que estarían usando criptomonedas estables como el USDT (Tether).
Dicho fácil: ya no quieren solo detener narcos, quieren apagarles la caja registradora.
La tesis es potente: los cárteles estarían moviendo dinero a través de plataformas digitales, videojuegos, exchanges y billeteras de criptomonedas, aprovechando el anonimato y la falta de regulación efectiva. Para Estados Unidos, eso ya no es solo crimen: es seguridad nacional.
Y entonces aparece la segunda bomba política.
En entrevistas recientes con Atypical, Simón Levy aseguró que en Estados Unidos existen investigaciones contra figuras del núcleo obradorista: Andy López Beltrán, Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López, Américo Villarreal, entre otros. Hoy, esas afirmaciones no son expedientes públicos, son dichos mediáticos. Pero caen en un momento exacto: cuando el discurso oficial habla de cooperación con EE. UU. y el extraoficial habla de limpieza financiera del narco… caiga quien caiga.
Aquí está el verdadero dilema para el gobierno de Claudia Sheinbaum:
Si no hay cooperación, cualquier acción militar estadounidense sería una violación a la soberanía.
Si sí hay cooperación, el costo político es enorme: implica aceptar que Estados Unidos opere sobre el dinero, las rutas y posiblemente los nombres que han sido intocables durante años.
Y entonces la pregunta ya no es si habrá ataques.
Las preguntas incómodas son otras:
- ¿Está México entrando en una guerra financiera contra el narco sin decirlo públicamente?
- ¿Por qué ahora el enfoque es el lavado con criptomonedas y no solo los sicarios?
- ¿Hasta dónde llega la cooperación real con Washington?
- ¿Y si las investigaciones que menciona Levy no son delirios, sino adelantos de lo que viene?
Porque mientras aquí discutimos comunicados, en el Pacífico ya hay interferencias, drones, radares… y una nueva forma de guerra: no con balas, sino siguiendo el dinero.
Y cuando el dinero empieza a hablar, casi siempre los nombres salen después.
