El Radar por Jesús Aguilar
En San Luis Potosí la desaparición no es una estadística: es una rutina. Una ausencia que se repite, se hereda y se administra desde los escritorios oficiales como si fuera un daño colateral inevitable. Mientras los números bailan entre registros federales, informes estatales y conteos ciudadanos, las familias siguen haciendo lo único que no puede posponerse: buscar.
Hoy, al menos 745 personas continúan desaparecidas en el estado. El dato es frío, pero detrás hay nombres, edades, historias truncadas. Hay también una constante: la incapacidad —o la falta de voluntad— del Estado para responder con estructuras sólidas, profesionales y humanas.
La reciente denuncia del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, documentada por Astrolabio, no es menor ni exagerada. Hablan de algo concreto: el desmantelamiento de la Unidad de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado. No de un error administrativo, no de un relevo técnico, sino de una decisión que debilitó un área clave, justo cuando la crisis exige más capacidad, no menos.
La salida de personal con experiencia, la ruptura del diálogo con las familias y la falta de continuidad en las investigaciones no son percepciones subjetivas: se reflejan en los resultados. Las cifras oficiales no coinciden entre sí. La Fiscalía reconoce más de 270 fichas activas; la Comisión Nacional de Búsqueda reporta menos; el Registro Nacional reduce aún más el universo. ¿Cómo se busca a quien no existe en los números?
Aquí está uno de los mayores agravios: la desaparición administrativa. Si no se registra, si no se actualiza, si no se investiga, la persona desaparecida queda atrapada en una segunda ausencia, ahora institucional.
El discurso oficial suele refugiarse en un dato recurrente: “la mayoría de las personas son localizadas”. Pero esa frase es tramposa. Primero, porque más de un centenar sigue sin aparecer. Segundo, porque ser localizado no equivale a justicia, ni a verdad, ni a reparación. Y tercero, porque hay familias que llevan años esperando, no meses, no semanas.
Frente a este panorama, el reclamo de Voz y Dignidad no es radical: es básico. Una Fiscalía especializada real, con autonomía, recursos suficientes, personal capacitado y trato digno. No una oficina simbólica, no una unidad debilitada, no una promesa reciclada sexenio tras sexenio.
La Ley General en Materia de Desaparición obliga al Estado mexicano —y a San Luis Potosí en particular— a garantizar estas estructuras. No es una concesión política, es una responsabilidad legal. Y, sin embargo, en los hechos, la búsqueda sigue recayendo más en las familias que en las autoridades.
Las madres buscadoras no tendrían que tomar fiscalías, ni alzar la voz en conferencias improvisadas, ni aprender de genética forense o excavaciones. Lo hacen porque el vacío institucional las empujó ahí. Porque cuando el Estado se retira, alguien tiene que ocupar su lugar.
El balance real es incómodo: no hay una política integral que esté funcionando. Hay esfuerzos aislados, discursos, mesas de diálogo que no siempre dialogan, y una estructura que se debilita cuando debería fortalecerse. La ligera baja en reportes de un año a otro no alcanza para hablar de avance, menos cuando la impunidad y la falta de esclarecimiento siguen intactas.
San Luis Potosí no necesita más maquillaje estadístico. Necesita verdad, coordinación y voluntad. Necesita escuchar a quienes buscan, no tolerarlos. Necesita entender que cada unidad desmantelada, cada expediente detenido, cada promesa incumplida, prolonga la desaparición.
Porque mientras las instituciones dudan, las madres no. Y esa sola comparación debería avergonzar a cualquier gobierno.
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