Por Manuel Andrade
En México, la relación entre poder político y medios de comunicación ha sido históricamente un territorio opaco. No es nueva, pero tampoco es inocua. Un reportaje reciente volvió a encender las alertas sobre cómo esa relación puede traducirse en beneficios económicos concentrados y en un ecosistema mediático funcional a los intereses del régimen.
De acuerdo con una investigación de Latinus, el gobierno federal ha otorgado contratos por más de 30 mil millones de pesos al Grupo Andrade, consorcio empresarial que, además de operar en el sector automotriz, controla medios de comunicación como El Heraldo de México. Los contratos, adjudicados durante los últimos dos gobiernos encabezados por Morena, provienen de al menos 60 dependencias federales, incluyendo Pemex, Leche para el Bienestar y diversas secretarías de Estado .
El dato relevante no es solo el monto —extraordinario en sí mismo— sino el contexto político y personal que rodea a la empresa beneficiaria. Dentro de la estructura directiva del grupo figura Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación, quien ocupa un cargo directivo en El Heraldo USA. La coincidencia no es menor: Gobernación es una de las dependencias clave en la relación del Estado con medios, agenda pública y gobernabilidad.
Este entrecruce de recursos públicos, vínculos familiares y plataformas mediáticas obliga a revisar no solo la legalidad formal de los contratos, sino su legitimidad política y ética. En democracias con estándares robustos de rendición de cuentas, este tipo de relaciones suele activar auditorías independientes, mecanismos de excusa o, al menos, explicaciones públicas claras. En México, en cambio, el tema suele diluirse entre tecnicismos administrativos y silencios institucionales.
El caso ilustra un patrón más amplio: la “conveniencia” como criterio no declarado en la política de comunicación del régimen. No se trata necesariamente de censura directa ni de propaganda explícita, sino de una lógica más sofisticada: fortalecer económicamente a medios cuya línea editorial es, cuando menos, compatible con el discurso gubernamental. El resultado es un ecosistema donde ciertos medios no necesitan atacar para cumplir su función, basta con no incomodar.
Desde el gobierno, la relación se justifica como una colaboración institucional legítima: contratos para bienes y servicios, difusión de programas públicos y cobertura informativa. Sin embargo, esa explicación deja abiertas preguntas centrales para la vida democrática:
¿Puede un medio que recibe miles de millones de pesos del Estado fiscalizar con independencia a ese mismo Estado?
¿Dónde termina la contratación administrativa y dónde comienza el subsidio político indirecto?
¿Existen criterios públicos y verificables que expliquen por qué esos recursos se concentran en un mismo grupo empresarial?
Más allá del caso específico, lo que está en juego es la credibilidad del espacio público. Cuando el dinero del Estado fluye de manera recurrente hacia empresas con conexiones directas al poder político, la percepción ciudadana se erosiona, aun cuando no exista una ilegalidad comprobada. La democracia no se sostiene solo en la ley, sino en la confianza.
Este episodio reabre una discusión incómoda pero necesaria: la urgencia de reglas claras, transparentes y fiscalizables en la relación entre gobierno y medios. Auditorías independientes, límites a la concentración de contratos, y salvaguardas frente a conflictos de interés familiares no deberían ser excepciones, sino estándares mínimos.
Porque cuando poder, dinero y narrativa convergen sin contrapesos visibles, el problema no es solo quién gana contratos, sino quién pierde la posibilidad de una prensa verdaderamente crítica e independiente.
