La maestra Guadalupe “N” se encuentra actualmente vinculada a proceso y bajo prisión preventiva, luego de ser acusada de abuso sexual infantil en el preescolar Juan Enrique Pestalozzi, en León, Guanajuato. Las autoridades mantienen reservada la identidad de los menores y de sus familias, debido a que el caso sigue en investigación y el proceso penal continúa abierto.
El caso comenzó a tomar fuerza cuando una niña de cuatro años y medio fue llevada al pediatra por constantes malestares físicos. El diagnóstico sorprendió a sus padres: la menor presentaba una infección de transmisión sexual. La especialista recomendó de inmediato acudir ante la Fiscalía General del Estado, lo que detonó una serie de denuncias que más tarde revelarían un patrón de abuso dentro del plantel.
De acuerdo con las investigaciones, la docente utilizaba una dinámica conocida como “el juego del pato”, aplicada a alumnos de primero “A”, de entre 3 y 4 años. El ejercicio consistía en hacer preguntas a los niños; si respondían correctamente, recibían un supuesto “premio”, que en realidad eran tocamientos frente al grupo. Cuando se equivocaban, eran castigados con golpes en el estómago. En los casos más graves, las agresiones escalaron hasta la violación.
La maestra habría trabajado en el preescolar durante aproximadamente siete años, por lo que hasta ahora no se ha podido determinar cuántos menores fueron víctimas ni desde cuándo se realizaban estas prácticas. Para efectos del relato, dos de las niñas afectadas son identificadas como Rosita y Laurita, mientras que el resto del grupo es considerado víctima indirecta por haber presenciado los hechos.
Con el paso del tiempo, varios padres comenzaron a notar cambios alarmantes en sus hijos. Los niños presentaban ansiedad, tristeza, aislamiento, rechazo a la escuela, dolores de estómago recurrentes y pesadillas. En algunos casos, los menores dejaron de comer y requerían visitas constantes al médico. Sin embargo, muchos de ellos se negaban a hablar sobre lo que ocurría en el aula.
El padre de una de las víctimas relató que su hija pasó de ser una niña sociable y extrovertida a mostrar un deterioro emocional profundo. Aunque aparentemente parecía estar bien, las secuelas psicológicas eran evidentes. Reconoció que la revelación del abuso no fue inmediata y que los cambios de conducta fueron tan fuertes que incluso llegó a temer por la estabilidad mental de su hija.
Otra madre señaló que los abusos no fueron hechos aislados, sino que formaban parte de un patrón constante dentro del salón, donde había entre 33 y 35 alumnos. Explicó que los niños, por su edad, bloqueaban recuerdos o no tenían las palabras para expresar lo ocurrido, lo que dificultó que los padres entendieran la gravedad de la situación desde el inicio.
Tras conocer el diagnóstico médico, el padre de Rosita acudió a la dirección del preescolar para denunciar lo sucedido. Aunque la directora aseguró que se activarían los protocolos correspondientes y que la maestra sería separada del cargo, esto no ocurrió de inmediato. Con el paso de las semanas, al menos otros seis padres detectaron que sus hijos también habrían sido víctimas.
Ante la falta de respuesta, las familias decidieron manifestarse afuera del plantel con pancartas y consignas para exigir justicia y la destitución tanto de la docente como de la directora. Fue hasta después de esta presión social que las autoridades educativas y estatales intervinieron de manera más directa.
El 13 de junio de 2025, los padres presentaron una denuncia colectiva ante la Fiscalía. Ese mismo día, Guadalupe “N” solicitó permiso para ausentarse de la escuela y se trasladó a Nayarit, su estado de origen. A pesar de ello, los alumnos continuaron asistiendo al preescolar para concluir el ciclo escolar, mientras los padres permanecían atentos y vigilantes.
El 10 de julio de 2025, faltando pocos días para terminar el ciclo escolar, se informó finalmente sobre la detención y vinculación a proceso de la maestra. La Secretaría de Educación de Guanajuato confirmó que se brindó acompañamiento psicológico a la comunidad escolar y que se activaron los protocolos de atención en coordinación con la Fiscalía y la Procuraduría de Derechos Humanos.
Durante ese mismo año, la SEG rescindió el contrato de 16 docentes en distintos municipios del estado por violencia o conductas contrarias al trato digno. Aunque inicialmente el caso del preescolar Pestalozzi no fue incluido en el desglose, posteriormente se confirmó que Guadalupe “N” también fue separada definitivamente del cargo.
El secretario de Educación de Guanajuato, Luis Ignacio Sánchez Meza, reconoció la gravedad del caso y subrayó que cuando un adulto comete este tipo de actos dentro de una escuela, se trata de un delito penal. Aseguró que es fundamental creerle a los niños y actuar de inmediato ante cualquier señal de abuso, ya que lo ocurrido en este preescolar marca un precedente sobre la responsabilidad institucional en la protección de los menores.
