El Radar por Jesús Aguilar
En distintas partes del mundo, los gobiernos han comenzado a cerrar una puerta que durante más de una década permaneció abierta sin condiciones: el acceso de niñas, niños y adolescentes a las redes sociales. Australia ya prohibió cuentas a menores de 16 años; Francia y España avanzan en restricciones similares; y en Estados Unidos el debate se fragmenta entre estados, tribunales y demandas constitucionales. El punto de partida es común: un reconocimiento tardío de que el ecosistema digital no fue diseñado para la salud emocional de la infancia y la adolescencia, sino para capturar atención, monetizar datos y amplificar conductas extremas. Con ese telón de fondo internacional, México enfrenta ahora una pregunta incómoda: si decide regular o restringir el acceso juvenil a las redes, ¿lo hará como una política de protección integral o como una reacción simplista que ignore los efectos sociales, emocionales y culturales de una generación que nació —literalmente— con un teléfono en la mano?
I. México no está al margen: está en el centro
En México, más del 95% de adolescentes de 12 a 17 años usa internet y las redes sociales están entre sus principales actividades diarias.
No es un fenómeno importado: es estructura social.
Sin embargo, el país discute el tema con retórica moral y poca evidencia pública integrada. Se habla de “regular”, pero no se mide el daño ni se diseñan escenarios.
II. El daño existe (aunque no se quiera mirar)
Los indicadores disponibles dibujan un cuadro preocupante:
• Aumento sostenido de ansiedad y depresión en adolescentes.
• Altos niveles de soledad escolar y sensación de no pertenencia.
• Crecimiento de ciberacoso, sextorsión y violencia digital, con baja denuncia formal.
Nada de esto puede atribuirse a una sola causa, pero las redes amplifican dinámicas previas: comparación social, humillación pública, viralización del error.
III. El error mexicano que no podemos repetir
Copiar el modelo de prohibición sin rediseño sería un fracaso anunciado.
¿Por qué?
1. Brecha digital y social: millones de adolescentes no tienen acompañamiento adulto ni alternativas presenciales.
2. Débil infraestructura de salud mental escolar.
3. Baja capacidad de verificación y supervisión tecnológica del Estado.
Una prohibición sin soporte podría empujar a adolescentes a uso clandestino, menos visible y más riesgoso.
IV. La ruta crítica: qué sí puede hacer México
Si el país quiere entrar al debate con seriedad, necesita paquetes integrales, no consignas.
1. Escuela como eje
• Teléfonos fuera del aula.
• Protocolos claros contra ciberacoso.
• Tamizaje básico de salud mental y canales de atención reales.
2. Plataformas con obligaciones reales
• Verificación de edad con estándares de privacidad.
• Privacidad por defecto para menores.
• Restricción de DMs con desconocidos.
• Auditorías algorítmicas independientes.
3. Familias y comunidad
• Alfabetización digital parental.
• Espacios culturales y deportivos accesibles.
• Rutas claras de denuncia y acompañamiento.
V. Lo que México debe decidir (de verdad)
La discusión no es “redes sí o no”.
Es esta:
• ¿Queremos prohibir para simular control?
• ¿O rediseñar el ecosistema digital para que no enferme a quienes apenas están creciendo?
Porque si el Estado se limita a cerrar la puerta digital sin abrir puertas reales en el mundo físico, el costo emocional lo pagará la primera juventud.
VI. Últimas conclusiones por ahora…
El mundo ya decidió que mirar hacia otro lado no es opción.
México todavía puede decidir cómo entrar a esa conversación.
Prohibir puede ser un gesto político.
Proteger, en serio, exige algo mucho más difícil: entender a una generación que no recuerda un mundo sin pantalla y ofrecerle algo mejor que el silencio digital.
Parece difícil que ahora que las redes sociales rigen en buena medida la narrativa del mundo, los gobiernos quieran sosegarlas de alguna manera, con la altísima politización que nos requiere el mundo hoy parece que la batalla definitva aún no empieza.
