El Radar
Hay historias que no comienzan hoy, aunque hoy vuelvan a doler. La relación entre las madres buscadoras y el Estado en San Luis Potosí es una de ellas. No nació en esta administración ni en la anterior. Se fue formando con los años, con expedientes incompletos, búsquedas interrumpidas, funcionarios que van y vienen, y familias que aprendieron —a la fuerza— que la ausencia también se hereda.
El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros no surgió como un actor político ni como un movimiento de coyuntura. Surgió del vacío que deja una persona que no regresa y de un sistema que tardó demasiado en entender que la desaparición no es solo un delito, sino una tragedia humana que exige respuestas permanentes. Con el tiempo, ese dolor se convirtió en organización, en método, en exigencia pública. Y también, inevitablemente, en desconfianza.
Por eso, cuando recientemente se anunció un acuerdo con la Secretaría de Gobierno, el mensaje fue leído como una señal relevante: la posibilidad de recomponer el diálogo, de abrir una ruta institucional y de reconocer que el problema merece atención directa. No era una solución definitiva, pero sí un gesto político importante. Una ventana.
Sin embargo, esa ventana volvió a cerrarse.
Lo que siguió no fue un hecho aislado, sino la repetición de un patrón que el país conoce bien: acuerdos frágiles, expectativas altas y una ruptura rápida de la confianza. Para las madres buscadoras, cualquier incumplimiento revive una historia larga de promesas incumplidas. Para el gobierno, las inercias administrativas, los tiempos institucionales y los rezagos heredados chocan con la urgencia de quienes no pueden esperar.
Conviene decirlo con claridad: este conflicto no tiene un solo responsable. La crisis de desapariciones es estructural, acumulada durante años de omisiones y descoordinación. Ningún gobierno puede cargar solo con ese pasado. Pero cada gobierno sí decide qué hacer con él.
Y ahí está el punto central.
Hoy, esta administración tiene una oportunidad histórica. No porque sea la primera en enfrentar esta realidad, sino porque puede ser la primera en romper el ciclo: pasar de la reacción a la constancia, del gesto político al cumplimiento sostenido, del diálogo episódico a una política pública con rostro humano.
Respaldar al gobierno en este momento no implica minimizar las exigencias de las madres buscadoras. Implica reconocer que, si el diálogo se recompone, San Luis Potosí puede sentar un precedente distinto. Pero ese respaldo solo es posible si se traduce en compromisos claros, verificables y duraderos.
Las familias no piden imposibles. Piden continuidad, sensibilidad, recursos suficientes y respeto. Piden que los acuerdos no se diluyan con los cambios administrativos. Piden que la búsqueda no dependa del clima político. Y, sobre todo, piden no tener que volver a empezar cada vez que la institucionalidad se mueve.
Del otro lado, el Estado necesita recuperar condiciones de confianza social. Necesita ordenar procesos, coordinar instituciones y asumir que gobernar, en estos temas, no es administrar crisis, sino sostener la palabra dada.
Hoy, San Luis Potosí está frente a una disyuntiva que va más allá de una negociación fallida o de una protesta visible. Está frente a la posibilidad real de romper un ciclo que durante años ha obligado a las madres buscadoras a sentarse, confiar, esperar… y volver a empezar.
Este no es un reto sencillo. Exige decisiones incómodas y una voluntad política que no se agote en el anuncio. Pero precisamente por eso, este momento importa.
Porque si el diálogo se retoma, si los acuerdos se cumplen y si la palabra del Estado recupera valor, este gobierno no solo habrá atendido una exigencia social: habrá cambiado la vida de miles de personas que llevan años viviendo en pausa.
No se trata de conceder por presión ni de imponer por fuerza. Se trata de construir un marco donde la justicia avance sin estridencia y la dignidad no tenga que defenderse a gritos.
La historia ya nos mostró lo que ocurre cuando el diálogo se rompe. Ahora falta ver si también somos capaces de escribir lo contrario: el día en que el Estado decidió no fallar otra vez.
