La verdad y el camino
Por: Aquiles Galán
La contienda por 2027 ya no es —y quizá nunca lo fue— una simple sucesión de campañas dentro de un calendario electoral. Es una carrera por reordenar reglas, por mover instituciones y por asegurar posiciones antes de que el ciudadano siquiera vea una boleta. No se compite sólo por votos; se compite por el control del tablero.
Guillermo O’Donnell advertía que una democracia puede conservar elecciones y aun así debilitar sus contrapesos cuando el poder se concentra y se justifica en nombre de la voluntad popular. Ahí la política deja de ser pública y comienza a privatizarse: grupos que enarbolan causas sociales como bandera, pero cuya lealtad real responde a intereses internos y no al bien común.
Las reformas polémicas de los últimos años evidencian un patrón: no sólo cambian leyes, cambian árbitros. Cuando quien gobierna influye también en quién vigila, sanciona o interpreta la norma, el Estado de derecho se vuelve frágil. Entonces la narrativa sustituye al debate: se repiten promesas, se reactivan programas olvidados y se aparenta perfección antes de campaña, confiando en que la memoria social es corta.
El riesgo no es ideológico, es estructural. Cuando la política se convierte en herramienta de grupos y no de instituciones, la norma deja de ser límite y pasa a ser instrumento. La democracia sigue existiendo en forma, pero pierde sustancia.
La ambición política sin límites siempre encontrará herramientas para legitimar su ascenso: discursos, “soluciones” espectaculares, programas heroicos. Pero la verdadera pregunta que debería preocuparnos no es quién gana la próxima elección, sino qué queda del marco que limita al ganador. Si permitimos que la política se privatice —si toleramos que las instituciones se debiliten y que las causas sociales pasen a ser banderas instrumentalizadas— habremos perdido más que una elección: habremos perdido la posibilidad de recuperar la autoridad pública para el bien común.
Por eso la próxima elección no se decidirá únicamente en las urnas. Se decidirá en la fortaleza —o debilidad— de los contrapesos que logren sostenerse. Defender la norma, exigir transparencia y no delegar la memoria colectiva será más determinante que cualquier eslogan.
Porque cuando la política se privatiza, la democracia no cae de golpe: se desgasta en silencio. Y para cuando la sociedad lo nota, ya no compite sólo por gobernantes, sino por recuperar las reglas que alguna vez la protegieron.
