Recién en San Luis Potosí en el contexto de la discusión sobre el fraude avalado en las últimas elecciones por el Consejo Estatal Electoral respecto de la paridad sexual en donde hubo varonesen candidaturas para mujeres (véase el caso del municipio de Venado), los medios de comunicación recabaron una propuesta de otra naturaleza: establecer exámenes de control de confianza equivalentes a los que se tienen para personal de seguridad y procuración de justicia a fin de evitar que quienes ostenten el poder participen en conductas criminales.
En esta semana se dieron opiniones desde los partidos políticos, asumen de entrada que la selección de perfiles es suya y que las elecciones están dentro de su esfera de poder, no se equivocan, el CEEPAC les otorgó para 2026 la cantidad de 174 millones, 215 mil, 596.28 pesos, se lo desgloso: al Partido Verde, 47 millones,607 mil,686.35 pesos, a MORENA 35 millones,153mil,709.55 pesos, al Partido Acción Nacional 28 millones,851 mil ,627 pesos, al PRI 19millones,235 mil, 994 pesos, al Partido del Trabajo 11 millones,766 mil,083 pesos, el Partido Movimiento Ciudadano recibirá 17 millones,975 mil 662 pesos y el Partido Nueva Alianza SLP recibirá: 13 millones,624 mil,831 pesos.
Así, las candidaturas ciudadanas, es decir la posibilidad de que cualquier persona sin militancia pudiera participar y hacer campaña es una mala broma, un David y Goliat con el destino anunciado, lo orondo de sus respuestas sobre hacer controles o no a SUS candidatos vino de allí: del lado del PRI la diputada Sara Rocha declaró que estaría a favor de aplicarlos, aunque primeramente tendrían que ser miembros, no ser ajenos a la vida pública ni vinculados a otros asuntos mientras que Rubén Guajardo del PAN señaló no estar de acuerdo siendo porque hay un criterio de la Corte donde se prohíbe aplicarlos para acceder a un cargo de servidor públicoporque es una medida para seguridad pública por tanto no es la vía.
Vamos a ver, un diputado no es un servidor público, es un representante ciudadano votado en elecciones federales o locales cada 3 años y dentro de los requisitos para ser candidato de seroriginario de la entidad o mayor de edad, está el no ser parte de las fuerzas armadas, o de organismo autónomo, no ser funcionario de la administración (persona con capacidad de mando y decisión sobre recursos), ni magistrado o ministro según sea el caso a menos que se respeten plazos de tiempo específicos. Así que, en su calidad de legisladores, no reciben un sueldo sino una dieta, no tienen un contrato sino una constancia que les acredita como ganadores por parte del INE.
Cabe preguntarse por qué, estando en un país señalado a nivel internacional como un Narco Estado, suena inviable establecer criterios para evitar la filtración del crimen organizado, ¿no es cierto? parte de las acusaciones que legitiman la estrategia migratoria y de política exterior de los Estados Unidos que han dado con acciones dentro del territorio y el intercambio de información de alto nivel, se sustentan en este planteamiento.
Tomando por cierta la “hipótesis” ¿no son los partidos corresponsables por dolo o por negligencia? ¿No cabe alguna forma de control? Legislada o voluntaria ¿para constituirse en una buena práctica? ¿es tan impropio hacerse exámenes similares a los que se someten las personas dedicadas a la seguridad?
Conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública estas evaluaciones tienen por objeto reconocer habilidades, destrezas y actitudes para el ejercicio de sus funciones e identificar los factores de riesgo que pudiesen interferir o poner en peligro la calidad de la labor cotidiana en relación a ser capaz de justificar el patrimonio y comprobar la ausencia de abuso de sustancias como alcohol y drogas, los vínculos con organizaciones delictivas, no tener condenas por delito doloso, no encubrir o ser partícipe en violencia contra las mujeres, niñas, niños, adultos mayores o animales, etcétera.
En concreto los exámenes de control de confianza se sustentan en 5 evaluaciones que suelen ser periódicas: médica, toxicológica, psicológica, poligráfica y de investigación socioeconómica.
Los cuestionamientos y criterios emitidos por la Suprema Corte no se refieren a que sean inviables para los políticos, de hecho se han producido a raíz de los malos tratos que se dan durante estos procesos para el personal, el estado de indefensión sobre no poder acceder a los expedientes de evaluación en caso de no aprobar o la validez del polígrafo como pruebacientífica en tanto “mide” la alteración en el pulso, la respiración y la presión arterial ante determinadas preguntas pero finalmente se interpreta bajo circunstancias subjetivas que han llegado al acoso.
Opinar sin haber atravesado por allí, puede sonar a soberbia, poniéndose en los pies de un policía cualquiera, que recibe una fracción de sueldo a comparación de un diputado y enfrenta sin balas a la delincuencia cotidiana o ve lesionada su integridad física y psicológica a fuerza de la horrorosa violencia que vivimos para estar en riesgo de morir al jubilarse por nunca haber tenido tiempo para cuidar de su salud, es que cualquiera de ellos y ellas esperaría que los políticos no contribuyeran con el fenómeno de la delincuencia organizada consumiendo droga.
No se trata de replicar exactamente las evaluaciones policiacas, pero sería un compromiso interesante saber que las y los candidatos no tienen dependencias de este tipo, porque en cuanto a la indagación socio económica, ya existe la 3 de 3 donde se integra la presentación de declaraciones fiscales, patrimonial y de intereses, y hasta su homologa que aborda la acreditación contra la violencia: no ser deudor alimenticio, no tener sentencia por delitos contra las mujeres, la familia o delitos sexuales.
Piénselo ¿A usted lo representa el diputado o diputada de su distrito? ¿Se levanta y va a trabajar como usted hace? ¿Es una persona honesta o coherente? ¿Actúa con prudencia? ¿Cómo ha decidido en los temas que pueden poner en riesgo sus libertades y sus derechos? ¿Qué tipo de perfiles quiere que ver en la boleta?
Claudia Espinosa Almaguer
