El Radar por Jesús Aguilar
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En San Luis Potosí, los parques nunca son solo parques. Son territorio simbólico. Son memoria. Y, cada cierto tiempo, son campo de disputa entre el poder institucional y el poder ciudadano.
Hoy, el Parque Tangamanga I vuelve a colocarse en ese punto exacto donde el espacio público deja de ser geografía y se convierte en definición política.
El detonante inmediato es el proyecto de ampliación del balneario Tangamanga Splash dentro del propio parque. La respuesta ha sido la movilización de sectores ciudadanos, encabezados en lo jurídico por la organización Cambio de Ruta, liderada por Luis González Lozano, quien ha interpuesto una serie de amparos y recursos legales para frenar proyectos que considera violatorios del carácter público, ambiental o legal de distintos espacios en San Luis Potosí.
Pero lo que está en juego no es un balneario.
Lo que está en juego es algo más profundo: quién define el destino del espacio público y bajo qué legitimidad.
Decidir: el fondo no es el Splash, es el precedente
La relación entre el gobierno estatal y Cambio de Ruta no es nueva ni incidental. Es una relación estructuralmente tensa, acumulada a lo largo de varios episodios.
Cambio de Ruta ha operado como un actor jurídico-ciudadano que ha recurrido al amparo como instrumento de contención frente a decisiones del poder ejecutivo estatal. Su estrategia no es la movilización tradicional, sino el litigio estratégico. En los hechos, ha logrado suspensiones, revisiones judiciales y, sobre todo, ha colocado en el centro del debate la pregunta sobre la legalidad y legitimidad de proyectos públicos.
Para el gobierno estatal, en cambio, Cambio de Ruta representa un actor que frena proyectos, retrasa decisiones y obstaculiza la capacidad de ejecución.
Ambas narrativas conviven.
Una habla de defensa ciudadana.
La otra, de obstrucción sistemática.
Pero más allá de las narrativas, el verdadero punto de quiebre es el precedente: si el Estado puede modificar el uso, vocación o infraestructura de un parque emblemático sin consenso amplio, o si la ciudadanía organizada puede frenar decisiones ejecutivas mediante el poder judicial.
Ese equilibrio —entre mandato electoral y contrapeso ciudadano— es una de las pruebas más delicadas de cualquier democracia funcional.
El Tangamanga como símbolo político, no solo urbano
El Parque Tangamanga I no es un predio cualquiera. Es uno de los principales pulmones urbanos de San Luis Potosí, desde mediados de los 80s es en un símbolo de recuperación ambiental y espacio público.
De todas las obras por las que recordamos el gobierno de Jonguitud, el Parque es el que realmente le ha cambiado la vida práctica a la mayoría de los potosinos, cientos de miles nunca se han subido a un avión y el Boulevard del Río Santiago ya no es una muy práctica solución.
Su valor no es solo ecológico, sino emocional y generacional.
Por eso, cualquier intervención dentro de él —incluso una ampliación recreativa— no se percibe como una obra más, sino como una redefinición del sentido del espacio.
Ahí radica la sensibilidad del momento.
Porque cuando el poder interviene un símbolo, no administra un terreno: interviene una narrativa colectiva.
Y cuando la ciudadanía reacciona, no defiende un proyecto: defiende una idea de pertenencia.
La reaparición de Manuel Nava Calvillo: memoria con ruido.
En este contexto, la reciente reaparición pública de Manuel Nava Calvillo introduce un elemento adicional que merece una reflexión serena, no visceral.
Su apellido no es menor.
Es heredero de una de las tradiciones más importantes del civismo potosino, vinculada al liderazgo de Salvador Nava Martínez, cuyo movimiento marcó una época en la relación entre ciudadanía y poder.
Pero la legitimidad histórica no es transferible automáticamente al presente.
Y ahí está el dilema.
Porque Manuel Nava Calvillo no aparece como un actor nuevo, sino como una figura que arrastra una trayectoria de oposición sistemática a prácticamente cualquier gobierno en turno, independientemente de su signo político. Y tampoco ha podido construir nunca un frente sólido.
Eso tiene dos efectos.
Por un lado, aporta memoria crítica.
Por otro, introduce ruido político.
Particularmente cuando su reaparición coincide con un momento preelectoral incipiente, donde el apellido Nava vuelve a orbitar el espacio público, no solo como símbolo histórico, sino como posible activo político, directa o indirectamente vinculado a los reacomodos que ya se están gestando rumbo al próximo proceso electoral.
Aquí emerge una pregunta inevitable:
¿Estamos frente a una causa ambiental y ciudadana que ha convocado a actores históricos?
¿O frente a actores políticos que han encontrado en la causa ambiental una plataforma de reposicionamiento?
La diferencia es sutil, pero decisiva.
Porque cuando una causa ciudadana se contamina con intereses políticos visibles, su legitimidad se vuelve vulnerable.
Y cuando el poder descalifica una causa señalando sus componentes políticos, puede evitar responder al fondo del problema.
Ambos riesgos existen.
Consolidar: el verdadero riesgo no es el conflicto, es la pérdida de confianza
San Luis no está frente a una crisis por un balneario.
Está frente a una prueba más profunda: la capacidad de sus instituciones y su sociedad para gestionar el desacuerdo sin destruir la confianza.
El gobierno tiene el derecho de gobernar, pero también la obligación de convencer.
La ciudadanía tiene el derecho de oponerse, pero también la responsabilidad de preservar la legitimidad de sus causas.
Y los actores históricos tienen el derecho de participar, pero también el deber de cuidar el peso simbólico que representan.
Porque cuando el espacio público se convierte en campo de sospecha permanente, todos pierden.
Pierde el gobierno, cuya autoridad se erosiona.
Pierde la ciudadanía, cuya voz se fragmenta.
Y pierde la ciudad, que deja de confiar en sí misma.
El Parque Tangamanga I sobrevivirá a esta disputa.
La pregunta más importante es otra:
¿Sobrevivirá intacta la confianza pública que lo sostiene como símbolo común?
Esa es la verdadera discusión.
Y esa, todavía, está abierta.
