El RADAR
Por Jesús Aguilar
En enero de 2019, al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el país vivió algo inédito: filas interminables en gasolineras, compras de pánico, ciudades paralizadas. La explicación fue directa: cerrar ductos de Petróleos Mexicanospara frenar el robo de combustible.
La narrativa fue potente: el Estado recuperaba el control.
En ese momento se hablaba de pérdidas por más de 60 mil millones de pesos anuales derivadas del robo físico —la ordeña de ductos, el combustible extraído en bidones, la red criminal visible en el territorio.
Siete años después y en el tránsito del auto nombrado “segundo piso de la transformación”,el gobierno de la Presidenta Sheinbaum la pregunta incómoda es otra:
¿Y si el problema no se fue, sino que se sofisticó?
Del bidón al pedimento aduanal
El huachicol tradicional era brutal y evidente: perforar ductos, extraer combustible, venderlo ilegalmente.
El huachicol fiscal es distinto. Es técnico. Es silencioso. Y es más complejo.
Funciona, en términos sencillos, así:
Una empresa importa combustible.
En lugar de declararlo como gasolina o diésel —que pagan IEPS elevado— lo clasifica como “lubricante” o “aditivo”.
Entra al país pagando menos impuestos.
Se comercializa finalmente como gasolina.
La diferencia fiscal se convierte en utilidad ilícita.
Ya no hay mangueras clandestinas en el monte.
Hay papeles alterados en aduanas.
Ya no se roba del ducto.
Se evade desde el escritorio.
Y aquí el daño no es solo para Pemex. Es para la Hacienda pública. El IEPS a combustibles es uno de los pilares de la recaudación indirecta. Cuando ese impuesto se evade, el impacto es directo en el presupuesto nacional.
La pieza que vuelve a encender la alarma
Esta semana, la periodista Carmen Aristegui difundió un material auditivo que vincula presuntamente a operadores políticos con esquemas de huachicol fiscal.
Un audio no es sentencia.
Pero sí es indicio.
Lo relevante no es el escándalo mediático. Lo relevante es el patrón que sugiere: redes de protección, omisiones institucionales, posible captura de aduanas y utilización de empresas fachada para importar combustible con clasificación fiscal alterada.
Si el robo físico fue combatido con despliegue militar y narrativa épica, el huachicol fiscal revela una zona mucho más incómoda: la corrupción administrativa.
La contradicción que incomoda
El combate al huachicol fue una bandera fundacional del sexenio de López Obrador.
Pero si el robo en ductos disminuyó, el fenómeno fiscal se convirtió en un frente igualmente delicado. Diversos análisis del sector energético han advertido incrementos atípicos en importaciones de “aditivos” y “lubricantes” en ciertos periodos, coincidiendo con caída en ventas formales y distorsiones en precios.
La pregunta estructural no es quién grabó el audio.
La pregunta es si el Estado logró cerrar todas las puertas o solo una de ellas.
Porque para que el huachicol fiscal opere sistemáticamente se requiere algo más que astucia privada:
se requiere omisión, negligencia o complicidad en la cadena de supervisión.
Y eso ya no es crimen periférico.
Es riesgo institucional.
Lo que verdaderamente está en juego
No estamos hablando solo de evasión de impuestos.
Estamos hablando de:
• Competencia desleal frente a estaciones que sí pagan IEPS.
• Posible ingreso de combustibles de calidad incierta.
• Lavado de dinero.
• Captura regulatoria.
• Erosión de credibilidad del aparato fiscal.
Cuando la corrupción pasa del ducto al escritorio, el problema deja de ser policiaco y se vuelve sistémico.
Y lo sistémico no se resuelve con conferencias.
La decisión de fondo
El país enfrenta una disyuntiva que trasciende coyunturas:
O el audio se convierte en un episodio más de polarización política,
o se convierte en el punto de partida de una investigación técnica, fiscal y penal de alto nivel.
La legitimidad de cualquier gobierno que haya hecho del combate a la corrupción su bandera depende de algo elemental: investigar incluso cuando las redes tocan a los propios.
Dentro de cinco años, esta historia no se evaluará por el volumen del escándalo.
Se evaluará por la profundidad de la respuesta institucional.
El huachicol físico vaciaba ductos.
El huachicol fiscal vacía algo más delicado: la confianza pública.
Y cuando se agota la confianza, el país no se queda sin gasolina.
Se queda sin Estado.
